La respuesta social a la Covid-19: Cambio de modelo y adquisición de derechos

La crisis sanitaria ha provocado una situación que ha pillado por sorpresa, literalmente, al mundo entero. España y Andalucía, así como el resto de países europeos, se han visto afectadas por las medidas impuestas por las Administraciones como el confinamiento o los ERTE. La pérdida del empleo, la conciliación laboral y familiar, la brecha digital, la desigualdad, la soledad no deseada en la que se han visto inmersas miles de personas o, entre otras muchas circunstancias, el empeoramiento del estado de salud mental han sido las situaciones por las que han tenido que pasar los andaluces y que, aún hoy, siguen padeciendo. Una situación de emergencia social en la que entidades sociales, el tercer sector, voluntarios y las administraciones públicas no han cesado su actividad con el propósito de mejorar la vida de las personas más vulnerables.

Bajo estas premisas, el 15 de julio tuvo lugar en el restaurante Abades Triana de Sevilla la mesa redonda organizada por LA RAZÓN «La respuesta social de Andalucía tras la crisis». Al acto, moderado por la jefa de sección en Andalucía, Marta Maldonado, acudieron Francisco Vidal, director general de Servicios Sociales de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación; Ignacio Romero, director autonómico del Plan de Empleo y de Programas de Inclusión Social de Cruz Roja; José Luis Malagón, catedrático de Trabajo Social; y Juan Luis Delcán, presidente de la Red Andaluza contra la Pobreza (EAPN).

El informe de la ONU sobre la Agenda 2030 presentado hace dos semanas en Nueva York constata que, por primera vez desde 1998, han aumentado las desigualdades y la pobreza extrema en el mundo. En Andalucía, las personas que se encontraban en una situación de vulnerabilidad antes de la crisis han visto agudizados los problemas económicos y sociales que venían arrastrando de la crisis económica anterior y, además, un gran porcentaje de personas se han visto obligadas por primera vez a acudir a los servicios sociales. En este contexto, Romero explicó que desde Cruz Roja se ha atendido durante los peores meses de pandemia «a un 75 por ciento» de personas que nunca habían necesitado ayuda social y mostró su preocupación por el «incremento» en el ámbito de la desigualdad de aquellos que ya lastraban una situación de vulnerabilidad en la región. Además, destacó «la rápida capacidad de reacción» de la entidad en cuanto a la puesta en marcha de «programas muy importantes» en coordinación con la administración y otros agentes de la sociedad. Por su parte, Vidal señaló que «el Covid-19 nos ha hecho ver la necesidad y la importancia que tiene el sistema de los servicios sociales» y explicó que la inversión en servicios sociales reporta «grandes beneficios» a niveles personales y de generación de riqueza. Por otro lado, además de hacer referencia al trabajo continúo que se ha llevado a cabo desde la Junta de Andalucía con las entidades sociales, el tercer sector y la colaboración público-privada, hizo hincapié en programas de la Consejería de Igualdad como la Tarjeta Monedero, que ha contado con una inversión de 24 millones de euros destinadas a 26.000 familias en situación de desprotección. Malagón comenzó su intervención haciendo un recorrido a lo largo de la historia para poner de relieve «la vulnerabilidad del sistema» en los países europeos y explicó que en el siglo XIX se dan los primeros pasos para pasar «de la atención basada en la compasión a la atención basada en la justicia», un aspecto que durante el evento resaltó para explicar que «en España la atención social debe ser un derecho» que encuentre su regulación en el marco legal.

En cuanto a la situación actual de Andalucía en el ámbito social, Delcán mencionó que la región venía «de una situación en la que las medidas para frenar las situaciones de pobreza eran insuficientes» y alertó de que las cifras con las que está trabajando muestran que «en torno al 40 por ciento de los andaluces se encuentran en situación de pobreza». Para hacer frente a ello, el director general de Servicios Sociales de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación hizo referencia al cambio de modelo en el que trabaja la Junta y las ayudas que se están desarrollando como «la posibilidad de contemplar nuevas prestaciones para personas que, aunque estén trabajando, no llegan a la renta mínima».

Respecto a la tasa de desempleo juvenil, que en Andalucía roza el 51 por ciento según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), el director autonómico del Plan de Empleo y de programas de Inclusión Social de Cruz Roja reflexionó sobre las actuaciones que se tienen que llevar a cabo y, aunque no dudó de la importancia de la «modificación del mercado laboral», quiso poner de relieve la necesidad de que haya «escuelas de segundas oportunidades» y proyectos «integrales» para trabajar en el seno de las familias más vulnerables y acabar con el paro estructural asociado a las personas con bajos recursos. En referencia a esta situación, el presidente de la Red Andaluza contra la Pobreza subrayó que «la pobreza se hereda» y apostó por «incidir en esa infancia y juventud que tienen falta de oportunidades». En este contexto, Malagón comentó que lo que «se necesita es una gran transformación hacía otro modelo de sociedad» en el que los servicios sociales «se conviertan en derechos» y se genere trabajo. Además, se apoyó en la idead de que hay repensar el sistema público y «sacar a los servicios sociales del mercado». Al hilo de su reflexión, Vidal respondió que «ese cambio de paradigma en los servicios sociales ya se está produciendo en Andalucía» a través de los avances tecnológicos y los fondos europeos, como es el caso de la Estrategia Regional Andaluza de Cohesión e Inclusión Social, Intervención en zonas desfavorecidas (ERACIS). Asimismo, hizo referencia a la puesta en marcha del Registro Andaluz de Prestaciones (RAP), una aplicación de la Consejería de Igualdad que hará posible la «Historia Social Única». Según explicó, esta aplicación «eliminará burocracia» y hará posible que se pueda consultar la base de datos común utilizada por Cruz Roja, en coordinación con las entidades locales y la propia Consejería de Igualdad, intercambiar datos y facilitar la colaboración entre organizaciones. «Vamos a vivir una revolución importante en los servicios sociales», garantizó.

En lo referido a la propia solidaridad entre los andaluces como respuesta a la situación de pandemia, Romero remarcó que«la vecindad y la colaboración de los voluntarios es una realidad»y quiso poner el foco, al hilo de las anteriores intervenciones, en que «muchas familias no tenían recursos para conectarse». En este sentido, Vidal explicó que desde la Junta «se tuvieron reconducir todos los recursos» para dar respuesta –en colaboración con las entidades sociales– a la emergencia social a través de programas «que venían a cubrir» aspectos como el hambre o la brecha digital. Por su parte, Delcán afirmó que «el tercer sector ha estado a pie de calle para dar respuesta social a un ritmo muy acelerado» y destacó la colaboración público-privada y de las entidades del tercer sector. El catedrático de Trabajo Social opinó que «hay que regular el voluntariado» y recalcó que «el trabajo social tiene que venir del estado». No obstante, todos los ponentes se mostraron de acuerdo en que el voluntariado es un «factor clave» en el ámbito social.

Respecto a la huella psicológica que está dejando la crisis sanitaria tanto en niños y adolescentes como en adultos, Romero subrayó que en Cruz Roja se «está detectando la complejidad de la pandemia en la soledad de las personas mayores o en colectivos como las personas migrantes» y Vidal aseguró que «el psicólogo es una figura básica» que está presente en el «Catálogo de Prestaciones» de la Junta de Andalucía. De esta forma, remarcó la importancia del «valor terapéutico de la escucha y el acompañamiento al ciudadano en su proyecto de vida» y afirmó que este catálogo, con alrededor de cien prestaciones, será «un punto de inflexión en la adquisición de derechos».

Por último, a modo de conclusión, Delcán puso el foco en «medir y cuantificar» las consecuencias sociales de la pandemia y, aunque señaló que «hay una buena previsión en el ámbito de la coordinación» con la Administración y los organismos sociales, insistió en que «no hay que quedarse atrás». Romero opinó que, ante una «situación que se ha agravado» en Andalucía, hay que asentar «los pilares desde la perspectiva del derecho». Malagón reconoció que «las soluciones técnicas están ahí», pero insistió en la necesidad de la «financiación» y, finalmente, Vidal quiso concluir la mesa en clave positiva explicando que «la pandemia ha dado la oportunidad de que el modelo que queremos cambiar se transforme más aceleradamente y de aprovechar los recursos existentes» en base a la adquisición de derechos, la colaboración con el tercer sector y la digitalización.