CSIF denuncia la “alarmante situación” de los servicios sociales en los municipios de Andalucía

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este miércoles la “alarmante situación” de los servicios sociales comunitarios en Andalucía y ha lamentado “la precariedad laboral y la escasez de profesionales” para prestar una ayuda que “dista mucho de ser suficiente”. El presidente del Sector de Administración Local de CSIF-A, Miguel Ángel Sáenz, ha indicado que la carga de trabajo, que ya era excesiva antes de la aparición de la Covid-19, se ha multiplicado como consecuencia de la pandemia y la “incesante atribución de competencias a las entidades locales” por parte de una Administración que “prioriza la cantidad de ayudas tramitadas y no la calidad en la atención a los usuarios”.

Los equipos interdisciplinares compuestos por educadores sociales, psicólogos y trabajadores sociales han constatado “con gran preocupación” que la ratio de casos que atienden es “desproporcionada e inasumible”. Algunos ayuntamientos reciben hasta 3.000 nuevas solicitudes de atención social a la semana y “hay profesionales a los que se les asignan entre quince y veinticinco nuevos expedientes semanales, lo cual no permite prestar una atención de calidad”, según Sáenz.

De este modo, personas en situación de peligro o vulnerabilidad no reciben una atención adecuada por falta de tiempo. De hecho, hay usuarios que deben esperar más de seis meses antes de ser atendidos, según ha calculado CSIF-A. “Este inconveniente puede derivar en situaciones de grave riesgo y desprotección de menores, mayores, personas con discapacidad, personas dependientes y personas sin hogar, entre otros”, ha advertido el presidente del sector.

Según el sindicato, la Administración “relega la intervención profesional a un segundo plano porque su prioridad es imponer una política social asistencialista y populista pura y dura que genera dependencia institucional en el usuario, ya que lo incapacita para resolver su situación de forma autónoma y perpetúa su situación de necesidad”. “Al dar más importancia a la cantidad de ayudas económicas tramitadas que a la calidad en la atención, esta disminuye, lo que también hace que el ciudadano no confíe en el profesional y, al no conocer su realidad, haga caer todo su enfado en ellos”, ha expuesto Sáenz.

CSIF-A ha lamentado que el incremento “exponencial” de la demanda de ayuda social y la atribución “incesante” de competencias a las entidades locales “no se han traducido en un incremento de las plantillas, sino más bien en un incremento de su precariedad e inestabilidad laboral”. “Son contados los ayuntamientos y diputaciones que han apostado por crear una Relación de Puestos de Trabajo acorde a las necesidades del servicio”, ha puntualizado Sáenz.

El sindicato, además, ha destacado que las plantillas municipales y supramunicipales que cubren esta función “están sustentadas en gran parte por personal en situación de abuso de temporalidad”. “Más de la mitad de los profesionales son eventuales, con condiciones laborales muy desiguales y muchos de ellos, interinos con más de diez y veinte años de antigüedad”, ha calculado Sáenz. Otros trabajadores desarrollan programas de entre cuatro y nueve meses de duración con jornadas reducidas, lo que no les permite materializar la intervención integral y continuada con las familias que establece la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, aprobada en 2016.

El sindicato exige “valorar a estos profesionales y convertirlos en un servicio con puestos estructurales y empleo público estable para así garantizar la calidad de la atención a la ciudadanía y su continuidad”. “Algunas entidades locales optan por solucionar la escasez de personal atribuyendo parte de esas funciones a empresas privadas, una política de externalización que contraviene la Ley”, ha reseñado Sáenz, que ha reclamado “un aumento urgente de profesionales” y el establecimiento de “una ratio negociada y asumible que contemple el tiempo necesario para que cada intervención se lleve a cabo con calidad”.