Espadas dejó en la Junta de Andalucía una deuda de 280 millones con promotores de viviendas

Un total de 280 millones de euros. Es la deuda que dejó contraída con promotores inmobiliarios el ahora secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, durante su etapa como consejero de Vivienda entre 2008 y 2010. Así lo desveló la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, tras la reunión del Consejo de Gobierno, señalando que la deuda se refiere al impago de ayudas a estos promotores por parte de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA). El actual Ejecutivo de PP y Ciudadanos ya ha pagado 180 millones de esta deuda, aunque Carazo apuntó que su departamento tiene pendiente más reclamaciones por impago de ayudas en materia de vivienda de los planes vigentes desde 2008 a 2012. Una de ellas se mantiene con La Caixa por un importe de 4 millones de euros, actualmente sometida a instrucción judicial, por la decisión del entonces consejero Espadas de paralizar las ayudas al alquiler en 2010.

Carazo señaló igualmente que hay pendientes reclamaciones de ayudas a particulares y a agencias de fomento del alquiler, a las que la Junta ya ha abonado un millón de euros.

La consejera dio a conocer esta sombra en la gestión del líder de los socialistas andaluces durante el balance de las políticas de vivienda que ha desarrollado el Gobierno andaluz en el marco del plan Vive 2020-2030, con más de 3.000 viviendas destinadas al alquiler construidas entre 2019 y 2021 a un precio asequible de entre 200 y 400 euros al mes. Se trata de 87 promociones y en 2022 se construirán otras mil viviendas más, según apuntó Carazo, además de criticar que la política de fomento del alquiler de los anteriores gobierno socialistas supuso un «engaño».

De hecho, en la última década, los gobiernos del PSOE apenas construyeron viviendas protegidas, que correspondieron en su mayoría a los ayuntamientos y a los promotores privados.

En tres años la Consejería de Fomento ha invertido 83 millones de euros en subvenciones a promotores públicos y privados que movilizarán una inversión global de 270 millones, explicó, destacando que esta política de vivienda ayuda a la reactivación económica y a la creación de empleo y, de hecho, las 3.000 viviendas suponen la creación de 9.000 puestos de trabajo. El desarrollo de este programa, de la mano de ayuntamientos, diputaciones y promotores privados, ya se está visualizando con el inicio de una veintena de promociones e incluso algunas que ya han finalizado y en la que ya se están alojando los primeros inquilinos, como las 60 viviendas de un promotor privado en Marismas del Odiel en Huelva o las viviendas públicas de calle Botica en Cádiz capital.

En la última convocatoria, con 30 millones en ayudas, se ha aprobado provisionalmente la construcción de más de 1.200 viviendas en las ocho provincias andaluzas y la inversión global –pública y privada– supera los cien millones de euros. A estas convocatorias pueden presentar sus solicitudes promotores públicos y privados, así como fundaciones y ONG.

Andalucía es la comunidad autónoma que más acuerdos ha firmado con el Ministerio para poner en marcha promociones del programa de fomento del alquiler, destacó Carazo.

Asimismo, recriminó a los anteriores gobiernos socialistas las deudas con promotores por los impagos de ayudas para la construcción de viviendas protegidas de unos treinta millones a promotores y unos cuarenta millones a compradores, y tampoco pagaron a los intermediarios o agencias de fomento del alquiler, que reclaman unos tres millones, ni a los inquilinos, que piden 3,5 millones.

«Han dejado tirados a 2.300 beneficiarios» de ayuda al alquiler, lamentó la consejera de Fomento, lamentando que también adeudaba 92 millones el anterior Ejecutivo socialista a comunidades de propietarios por obras en ascensores.

Además del programa de Fomento del parque de viviendas en Alquiler, Carazo se refirió a la puesta en marcha de una iniciativa pionera de permuta de suelos, que promueve la construcción de 420 viviendas a precio asequible a través de la colaboración pública-privada. En este sentido, la agencia AVRA ofrece suelos de titularidad pública a cambio de la entrega de viviendas ya construidas que incrementen el parque público de la Junta, y este programa, que ya se ha aplicado con éxito en la zona de Pescadería en Huelva y en el barrio de Huerta Santa Isabel de Córdoba, se extenderá próximamente a las ocho provincias con una inversión estimada de 41 millones, subrayó la consejera.