Tras cuatro meses

Denuncian “trabas” para pedir la eutanasia en Andalucía

Derecho a Morir lamenta la «falta de agilidad en los trámites»

La aplicación de la eutanasia es un debate permanente CARTV
La aplicación de la eutanasia es un debate permanente CARTVCARTVCARTV

La asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) denunció las dificultades que numerosas personas siguen encontrando en España para ejercer su derecho a la eutanasia, especialmente en Madrid y Andalucía, cuatro meses después de la entrada en vigor de la ley.

Así lo trasladó a Efe el presidente de (DMD), Javier Velasco, con motivo del Día Internacional de la Muerte Digna, tras lamentar los «retrasos y complicaciones» que están añadiendo un «sufrimiento injustificado» al final de las vidas de numerosas personas.

Velasco señaló concretamente la situación en Madrid y Andalucía, donde, a pesar de que ya funcionan las comisiones de garantía y evaluación, quienes solicitan el derecho a la eutanasia se pueden encontrar con mayores trabas a la hora de ver reconocida la ayuda y ha denunciado la falta de agilidad en los trámites.

Afeó, asimismo, el gran desconocimiento que existe entre los profesionales sanitarios a la hora de informar a los pacientes sobre este derecho y recoger las solicitudes de los afectados , al tiempo que criticó que las comunidades autónomas no informen sobre los casos tramitados y las peticiones denegadas.

«Este secretismo contribuye a alimentar el tabú que existe sobre la eutanasia, que es una forma más de morir y que no se le impone a nadie», afirmó Velasco.

El consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, siempre repite que Andalucía aplicará la Ley de la Eutanasia «porque es de obligado cumplimiento y no cabe debate en el Parlamento». No obstante, la apuesta de Aguirre es la de mejorar los cuidados paliativos «para intentar que sean las menos posibles las peticiones de eutanasia en esta comunidad».

El pasado 19 de octubre, Andalucía creó la comisión de evaluación y garantía, un órgano formado por cinco médicos, cinco juristas y tres enfermeros y el que tiene la última palabra a la hora de decidir sobre una petición de eutanasia. También aprobó el decreto por el que se regula la creación del registro de sanitarios objetores de conciencia.