Los doctores andaluces avisan: “La eutanasia no es un acto médico”

Andalucía es la única comunidad que aún no aplica la eutanasia, convertida en prestación sanitaria gracias a la ley socialista aprobada en el Congreso en marzo. Todavía queda un último paso. El 19 de octubre se aprobó el decreto para la constitución de la Comisión de Garantía y Evaluación para la prestación del derecho a morir, órgano adscrito a la viceconsejería de Salud y el encargado de verificar que las solicitudes se adaptan a la normativa que marca la ley, así como el cumplimiento de los plazos. Desde la aprobación del decreto, la viceconsejería disponía de 15 días para dar forma a esta comisión y esta misma semana, el miércoles, quedó finalmente formada, con 13 miembros: cinco titulados en Medicina, cinco titulados en Derecho y tres titulados en Enfermería. Además, se fijó un plazo de 20 días para el desarrollo y aprobación del régimen interno de esta Comisión de Garantía. “Calculamos que tendrá que estar listo para el 20 de noviembre, pero lo que no sabemos es si este reglamento interno es indispensable para tramitar las solicitudes de eutanasia o pueden empezar ya”, apunta Isabel Torres, presidenta de la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) de Andalucía. “Peticiones hay unas cuantas”, apostilla Torres. Desde DMD tienen constancia de una docena “pero la realidad es que hay más, también de personas que solicitaron la eutanasia hace tiempo y ya han fallecido, yo sé de al menos tres”.

Junto con esta Comisión de Garantía, la Junta de Andalucía reguló el 19 de octubre el Registro de sanitarios objetores de conciencia. Desde el 2 de noviembre, los profesionales del SAS que quieran ejercer este derecho de oposición pueden descargarse la solicitud en la web de la Junta de Andalucía así como presentarla telemáticamente. No obstante, desde la Consejería de Salud no han informado sobre si este registro ya está activo ni de cuántos sanitarios se han inscrito a él. LA RAZÓN preguntó estos datos, pero Salud se negó a contestar. Desde el Consejo Andaluz de Colegio de Médicos (CACM), Antonio Aguado Núñez-Cornejo, asegura, asimismo, “desconocer este dato”. Tampoco si los profesionales del SAS han recibido formación especializada, aunque es unas de las reivindicaciones de la Asociación derecho a Morir Dignamente “porque la mayoría de los médicos no saben ni qué hacer cuando reciben una solicitud, no tienen formación ni información”, recalca Torres

Aunque no hay constancia de cuántos médicos son objetores, según el presidente del CACM, la profesión no está de acuerdo en convertir la eutanasia en una prestación sanitaria. “La profesión sigue los dictámenes de la Organización Médica de la Salud y del propio Consejo Andaluz de Colegios de Médicos en tanto que declaramos que la eutanasia no es un acto médico. No es un fin de la Medicina, que es el de curar, aliviar, en definitiva, luchar por la vida del paciente”, afirma su presidente Núñez-Cornejo. Entiende que “existan registros de profesionales porque así lo marca la ley, pero consideramos que deberían de existir listados, absolutamente confidenciales en los hospitales y en los centros de salud en los cuales los médicos comuniquen a sus superiores la disponibilidad para llevar a cabo la eutanasia. En los hospitales privados igual podría ser, recordando que el derecho a la objeción de consciencia es siempre a nivel individual y no institucional”.

En todo caso y pese a la oposición de los médicos que expresa la CACM, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, aclara que Andalucía cumplirá la ley. Pero desde la Asociación Derecho a Morir Dignamente consideran que “no hacen más que poner trabas”. “No es por politizar el tema, pero si el PP Gobierna en la comunidad y se votaron en contra de la Ley, junto a Vox y UP, pues entendemos que están poniendo palos a las ruedas para su aplicación”, opina Torres, quien opina que “es probable que desde la Junta estén esperando al recurso que el PP interpuso ante el Tribunal Constitucional y echar para atrás la eutanasia” agrega.

Testamento Vital

Andalucía es la única comunidad que exige una actualización del testamento vital para poder aplicar la Ley de Eutanasia. En la página web de la Junta donde detalla el acceso a esta prestación así lo indica: “En aquellos casos en los que hubiese expresado la voluntad de solicitar la eutanasia en determinadas circunstancias, antes de la publicación de esta ley, deberá actualizar el documento de instrucciones previas para hacer constar y actualizar dicha voluntad”. En Andalucía, según el registro del Ministerio de Sanidad, hay 45.232 declarantes con instrucciones previas. “Dijeron que lo expresado previamente en el testamento vital no servía y que era necesario ratificarse en la voluntad de eutanasia. Es una traba más que están poniendo y un inconveniente muy serio para aquellas personas con enfermedades neurodegenerativas, que ya no pueden expresarse o están incapacitadas”, critica la presidenta de DMD Andalucía.