Susana Díaz elude aclarar qué sabía del desvío de fondos en la Faffe: «Yo no estaba»

Había mucha expectación por la comparecencia de la expresidenta en el Parlamento de Andalucía, citada por la comisión de investigación de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). Era la tercera vez que se fijaba una fecha para que acudiera a ofrecer explicaciones sobre las irregularidades detectadas en la gestión de la extinta fundación. En las dos anteriores, aseguró no haber recibido la citación –pese a que era parlamentaria no se le notificó– y en esta tercera ocasión había confirmado su asistencia. A las 8.40 horas hizo uso del primer turno de palabra leyendo un escrito que hizo pensar que podía acogerse a su derecho a no declarar, como ya hicieron sus predecesores, Manuel Chaves y José Antonio Griñán: el primero acudió el 7 de noviembre de 2019 y abandonó la comisión sin someterse a las cuestiones de los grupos parlamentarios representados; Griñán ni siquiera se presentó.

Díaz arrancó señalando que «cumplo con mi deber» , pero puntualizando que «en todos estos años he dado todas las explicaciones oportunas», refiriéndose a su etapa en la Junta como consejera, de mayo de 2012 a septiembre de 2013, y como presidenta, desde esa fecha hasta enero de 2019. Su intención era remarcar su ausencia durante los años en que la fundación estuvo activa, entre mayo de 2003 y el mismo mes de 2011, aunque su actividad estaba en entredicho tanto por las contrataciones realizadas, muchas ligadas al PSOE, como por el uso irregular de fondos. «Todo el mundo conoce que los hechos que se investigan no son coincidentes con los cargos institucionales que yo he tenido en el Gobierno de Andalucía», defendió, un argumento sobre el que volvió persistentemente en sus casi tres horas de comparecencia. El segundo cartucho iba dirigido al Gobierno andaluz, deslizando la idoneidad de que se llame a declarar a la misma comisión al presidente andaluz, Juanma Moreno, o a la consejera de Empleo, Rocío Blanco, así como al director general del SAE, para que ofrecieran explicaciones sobre las actuaciones al respecto desde enero de 2019. «No puedo aportar nada nuevo que no puedan aportarles» quienes «están al frente de la responsabilidad del Gobierno de esta tierra», leyó.

Después, Díaz se sometió a las preguntas de los grupos parlamentarios, sin abandonar la senda marcada: «No estaba cuando la Faffe existía» o «todo el mundo sabe que yo no estaba» han sido sus ideas más repetidas. En cada respuesta, la expresidenta socialista intercalaba ese argumento. Enfrente, los portavoces de los grupos parlamentarios se desesperaban ante las evasiones de Díaz, que mantuvo en todo momento el control de lo que estaba ocurriendo, oscilando entre su papel como compareciente y ejerciendo un inusual rol de interpeladora a los diputados, llegando incluso a afear al presidente de la comisión, Enrique Moreno, su desempeño.

El regreso de la ahora senadora a la Cámara donde se sentó siete años como miembro del Gobierno andaluz provocó un rifirrafe continuo, con cruces de acusaciones y constantes interrupciones por todas las partes que no se atajaron. La baza de Díaz para que no refutaran sus razonamientos tenía en la figura del actual presidente un claro objetivo. «Deberían de llamarlo aquí para que explique lo que ha hecho», pidió en varias ocasiones, expresando su «confianza» en las actuaciones de la actual Junta. «Yo no voy a desconfiar. Si los mantiene es porque no tendrá argumentos para echarlos», respondió al preguntarle la portavoz de Vox, Ana Mulas, por qué más de mil trabajadores de la Faffe fueron transferidos «sin competencias» al Servicio Andaluz de Empleo (SAE). «Si no los ha echado el Gobierno del PP que usted apoya, porque no ganaron las elecciones, es porque no habrá ninguna sentencia judicial» que lo avale.

La distinción respecto a la fecha de extinción efectiva de la Faffe –2011 cuando cesó su actividad y 2016, cuando fue inscrita su liquidación definitiva– ha centrado prácticamente la sesión, en la que la expresidenta tiró de su amplia experiencia para convertirlo en un debate parlamentario –así se lo afeó el presidente de la comisión– del que salió más que airosa.

Díaz aprovechó para criticar que la hubieran citado anteriormente tres días antes de las elecciones de 2019 y por segunda vez dos años después, el viernes previo al Congreso del PSOE-A. «Hubiera sido más sencillo si en lugar de aprovechar convocatorias electorales, me hubieran buscado en esta Cámara, donde he estado sentada dos años», lanzó, evidenciando que sus ausencias también tenían un interés adicional. Desde las bancadas de los diputados la interrogaron sobre si supo como presidenta que los trabajadores reintegrados en el SAE no tenían funciones «y estaban mano sobre mano», acusándola de mirar para otro lado: «Usted no se enteraba de nada», le dijo con evidente sorna el portavoz de Cs, Juan de Dios Sánchez. «Los trabajadores de esa etapa que eran del SAE siguen estando en la Junta de Andalucía. Si Moreno Bonilla no los ha echado es porque no ha tenido ninguna resolución judicial para echarlos», insistió, remarcando que «está ratificando lo mismo que yo hice».

La sesión derivó en una bronca política y sin que se aclarara ningún término sobre las irregularidades en la Faffe que se investigan. Las más llamativas apuntan a gastos en prostíbulos de Cádiz, Sevilla y Córdoba con tarjetas de directivos de la fundación, que ascendieron a 35.500 euros. El caso está siendo investigado por el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. La Fiscalía, en su escrito de conclusiones, pidió seis años de prisión para el exdirector de la fundación, Fernando Villén, y otros cuatro para la exdirectora financiera, Ana Valls, como cooperadora necesaria. En su escrito, acusaba a Villén de «organizar orgías» pagadas con dinero público, que abonaba con la tarjeta de empresa de la que disponía. Respecto a esas tarjetas, la expresidenta afirmó que «nadie en mi Consejo de Gobierno tenía tarjetas», sin pronunciarse sobre el resto de los organismos de la Junta.