La reforma exprés del Código Penal olvida a los pirómanos

La reforma exprés del Código Penal iniciada por Pedro Sánchez ha provocado un terremoto político en el país. Con el apoyo de Bildu y ERC, el Gobierno de España ha eliminado la sedición y ha abaratado la corrupción en delitos como la malversación y, en cambio, se ha olvidado de aplicar otras modificaciones necesarias como el endurecimiento de las penas a las personas responsables de incendios forestales, cuyas consecuencias medioambientales y económicas resultan cada año más dañinas. Desde Andalucía, la región más vulnerable al cambio climático y en la que el fuego hace estragos cada año con mucha fuerza, fue el propio Juanma Moreno,presidente de la Junta,quien anunció en septiembre de 2021 que abriría «una batalla» contra los pirómanos tras el incendio de Sierra Bermeja y recordó «incendios intencionados provocados por los narcotraficantes para desviar la atención de los cuerpos de seguridad».

La estadísticas demuestran que la mano del hombre está detrás de más del 90% de los incendios. El artículo 352 del Código Penal determina que «los que incendiaren montes o masas forestales, serán castigados con las penas de prisión de uno a cinco años y multa de doce a dieciocho meses». Y, «si ha existido peligro para la vida o integridad física de las personas, se castigará el hecho conforme a lo dispuesto en el artículo 351, imponiéndose, en todo caso, la pena de multa de doce a veinticuatro meses». Dicho artículo 351 recoge penas de 10 a 20 años.

La pena de prisión será de tres a seis años y multa de dieciocho a veinticuatro meses cuando el incendio forestal alcance especial gravedad. Además, el artículo 354 señala que «el que prendiere fuego a montes o masas forestales sin que llegue a propagarse el incendio de los mismos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año y multa de seis a doce meses», aunque esta conducta «quedará exenta de pena si el incendio no se propaga por la acción voluntaria y positiva del autor».

En julio, ante la devastadoras consecuencias de los incendios que sufría el país por todo el territorio, el PP nacional volvió a proponer al Gobierno más participación del Ejército en los incendios y endurecer el Código Penal contra los pirómanos, sin respuesta.

El balance de la temporada de alto riesgo de incendios en Andalucía fue de 15.564 hectáreas quemadas, de las que 8.448 fueron arboladas. Se registraron 681 intervenciones en terrenos forestales, de las que 528 han sido conatos y 153 incendios. Se contabilizaron seis grandes incendios forestales que arrasaron el 81 por ciento del total de las hectáreas afectadas. El de Los Guájares, en la provincia de Granada, quemó más de 5.000 hectáreas; el iniciado en el municipio malagueño de Pujerra afectó a más de 4.800 hectáreas; el de Mijas (Málaga), quemó más de 1.800 hectáreas; al registrado en Bonares, en la provincia de Huelva, que calcinó casi 1.000 hectáreas; así como a los incendios de Belalcázar (Córdoba) y Torres del Albánchez (Jaén), con un total de 966 y 723 hectáreas quemadas, respectivamente.

Las cuentas andaluzas van a destinar el próximo año casi 223 millones de euros a labores de prevención y actuaciones de extinción de incendios forestales (+27% respecto a 2022). La comunidad comprometerá por primera vez más inversión a la prevención que a la extinción de incendios forestales. Será el presupuesto más alto de la historia, un 48% más que en 2018. El Plan Forestal Andaluz 2030 será la herramienta básica para la prevención, dotada con 330 millones anuales e incluye la tramitación de una nueva ley forestal y un nuevo reglamento adaptado a las actuales circunstancias de los montes.

El riesgo de elevado de incendios es una realidad durante todo el año, no solo en verano. El cambio climático ha convertido a Andalucía en una región especialmente vulnerable ante los incendios. Quienes los provocan no pueden sentirse impunes.