Debate tenso en la Casona. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha conseguido este martes aprobar en el pleno municipal su plan de “minipisos” tras un debate marcado por el tono áspero, los apoyos a medio gas y el rechazo frontal de Con Málaga.

La iniciativa, que plantea construir hasta 1.700 "minipisos" antes de 2028en 24 parcelas de uso dotacional, ha sido aprobada por 29 votos a favor y solo dos en contra, los de Toni Morillas y Nicolás Sguiglia, ambos de Con Málaga. El proyecto contempla ceder suelo municipal para equipamientos sociales -excluidos los destinados a sanidad y educación- para construir viviendas protegidas para jóvenes que podrán vivir en ellas hasta un máximo de siete años en alquiler. El tamaño de estas viviendas, que en un principio iban a ser de 35 a 45 metros cuadrados, aún es una incógnita, aunque desde el Ayuntamiento apuntan a que tendrán un tamaño medio de 45 metros cuadrados. Los detalles técnicos serán publicados en las próximas semanas en un pliego que se está redactando.

Respecto a la explotación de los suelos, Morillas acusó al alcalde de “aprovechar la crisis de vivienda para que unos pocos hagan negocio”. Según la portavoz de Con Málaga, la propuesta implica "detraer 24 parcelas de distintos barrios de la ciudad” cuando existen “reservas de suelo en el PGOU destinadas a viviendas protegidas que no se están ejecutando”. Además, lamentó que “en la propuesta no hay ninguna garantía de cuál va a ser la superficie mínima útil de estas viviendas”.

No obstante, el plan ha conseguido sumar el apoyo de la mayoría de los grupos políticos, aunque en el caso del PSOE se trató de un respaldo condicionado. El portavoz del partido socialista, Daniel Pérez, votó a favor con condiciones porque “estamos ante una emergencia habitacional” y el objetivo es “reivindicar el derecho a quedarse en la ciudad de Málaga”. Pérez advirtió que, aunque esta “no es la mejor medida", su partido la apoya porque "es urgente tomar todas las medidas posibles para que la gente tenga el derecho a vivir en la ciudad donde ha nacido”. Asimismo, exigió que la gestión quede en manos del Instituto Municipal de la Vivienda para “que no caiga en la especulación”.

Por su parte, Antonio Alcázar, de Vox, justificó el problema habitacional de Málaga por las “políticas restrictivas que impiden construir” y por una “inseguridad jurídica” que, según explicó, “ha provocado que se esfume una oferta de vivienda en alquiler de larga duración”. En línea con su partido, Alcázar expresó que aunque apoyarán el plan, “prescindir de este suelo dotacional es un magno error porque suelo hay” y mostró dudas sobre “cómo se van a hacer estos pisos”.

Desde el gobierno municipal, la concejala de Urbanismo Carmen Casero defendió la medida asegurando que se trata de “una tipología de alojamiento complemento de la política de vivienda” que proporcionará “un número de viviendas muy digna para un sector muy concreto de la población”. En palabras del alcalde, el punto esencial es que estas viviendas protegidas puedan construirse “con gran rapidez”, algo que consideró un “tema clave”.

Por otro lado, Pérez señaló que el Consistorio malagueño “empezó hablando de 35 metros cuadrados” para las viviendas, algo que rechazaron desde un principio por considerarlo insuficiente. El socialista insistió en que se tome ejemplo de Barcelona, ciudad que ha construido viviendas públicas de “48,8 metros cuadrados, lo que supone un 40% más que lo que se quiere construir aquí”.

Casero recordó al portavoz socialista que “trajo al alcalde de Barcelona a hacer una performance que le salió rana” y defendió que el modelo propuesto por Málaga, incluidas las dimensiones, "se está haciendo en otros lugares de España”. Reivindicó además la inversión pública impulsada desde el Ayuntamiento en vivienda protegida en esta legislatura, que cifró en “casi 70 millones de euros”.

Sobre la colaboración público-privada para la construcción de estas VPO, Morillas aseguró que "a los promotores, que en los primeros 14 años van a amortizar la inversión, se les va a regalar 61 años de beneficio para que hagan negocio con un tema que tanto sufrimiento está generando a los malagueños”.

Frente a estas críticas, el PP insistió en que esta fórmula no es exclusiva de Málaga y citó ejemplos de gestión similares en ciudades como Barcelona bajo la alcaldía de Ada Colau o a nivel estatal con el Ministerio de Vivienda y la Sareb, tal como señaló el concejal Francisco Pomares. Respecto a las cifras, este último insistió en que con este plan se alcanzarán “2.600 viviendas en régimen de alquiler asequible” gracias a las actuaciones puestas en marcha desde el Ayuntamiento en los últimos años.