El "banco malo" del Gobierno de "progreso" negocia el desahucio de medio centenar de familias en Aguadulce

«La situación es que nos enteramos oficiosamente de que el Sareb había iniciado un procedimiento judicial para el lanzamiento de todas las familias de ‘Vistaverde’ el próximo 5 de junio», explicó Javier Rodríguez, portavoz de los inquilinos de las 53 viviendas en régimen de alquiler situadas en el número 134 de la calle Catania de Aguadulce, núcleo almeriense de la localidad de Roquetas de Mar y sobre las que pende todavía un «riesgo evidente de desahucio». «Todos los que residimos en estas casas contamos con nuestro contrato legal de arrendamiento, pagamos nuestras viviendas hasta que nos lo permitieron y nadie se había puesto en contacto con nosotros para solucionar nuestro futuro hasta que hicimos pública esta situación», reclamó el representante de los vecinos, aún inmersos en un galimatías burocrático para que se reconozcan sus derechos como moradores.

Así, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria habría adquirido este inmueble tras una subasta celebrada en noviembre de 2023 y después de que «el promotor fuera a la ruina en 2008 y cediera los derechos de explotación y alquiler a una tercera empresa que, por lo que sabemos, no pudo acreditar ese contrato», como precisó Rodríguez. Sin embargo, hasta ahora no se habría ejecutado la toma de posesión de una propiedad que «al principio, al marcharse el constructor, dejaba algunas viviendas a las que les faltaban enchufes, grifos o calentadores». Entonces, los pocos inquilinos tuvieron que «arreglar» los desperfectos, registrar su «propia comunidad» y «como hormiguitas», adecentar y gestionar directamente servicios como la limpieza y los ascensores.

No obstante, ahora los afectados temen un desafío mucho mayor, «una operación especulativa» del Sareb, para «echarnos a la calle y convertir nuestras casas en un edificio vacacional para turistas», como lamentó Rodríguez, señalando un «posible» negocio «redondo, mucho más lucrativo» que, al menos de momento, parece haberse frenado tras la presión mediática y social.

Una movilización que llegó incluso hasta el Congreso de los Diputados para un encuentro con sus señorías con el objeto de «intentar frenar la pérdida de derechos sobre nuestras viviendas» y por el que «han conseguido sentarse con el Sareb a negociar». Porque «desde que hemos salido a los medios de comunicación parece que están reculando, pero no nos quedaremos tranquilos hasta que no tengamos garantizadas nuestras casas», afirmó Rodríguez en un comparecencia pública junto al abogado que los representa, Jesús Yebra, quien reiteró que «las familias lo que quieren es regularizar su situación y firmar nuevos contratos de arrendamiento con la Sareb».

De hecho, el letrado, situó en «aproximadamente un 90% los vecinos que se encuentran en situación de vulnerabilidad», confiando en que «la Sareb ofrezca alquileres que no superen el 30% del presupuesto de estos hogares».

Precisamente, el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Roquetas de Mar celebró el jueves un primer encuentro para evaluar las circunstancias de las familias domiciliadas desde hace más de una década en esa dirección, iniciando un proceso cuyo desenlace «preocupa enormemente» a los vecinos.

«No somos okupas, no queremos vivir por la cara, pero nos están ninguneando», valoró un residente de Vistaverde a La Razón, solicitando «una solución habitacional inmediata, porque los alquileres en municipios costeros como Roquetas están subiendo una barbaridad y no podemos cambiar una vida que teníamos ya amoldada a nuestras necesidades y posibilidades».

En este sentido, pese a los logros y haber frenado inicialmente el desalojo, «sensación agridulce» de los vecinos, ya que «nos ofrecen diferentes opciones para mantener nuestras viviendas», pero «son políticos y tenemos dudas de si la reacción es real» y de «cómo se van a desenvolver para solucionar esto cuando desaparezca el ruido mediático generado», que pretenden seguir protagonizando.

Por su parte, el Sareb expresó mediante comunicado su intención de «trabajar con cada familia para establecer si existen casos de vulnerabilidad», ofreciéndose a «analizar la situación contractual de cada arrendamiento previo» o, incluso, la «incorporación a un Programa de Alquiler Social con acompañamiento», del que ya se benefician «9.000 familias en toda España». Asimismo, la entidad de Gestión de Activos recalcó que «no contempla la venta» de estas viviendas, enmarcando la situación en un contexto de análisis de «la puesta a disposición de una parte importante de su balance de activos residenciales a la nueva empresa pública de vivienda para incrementar el parque público en alquiler asequible».

«Creemos que este tipo de situaciones se van a multiplicar en Almería» , vaticinó ante los medios el portavoz de los vecinos de Aguadulce, Javier Rodríguez, citando la existencia de dos edificios más en esa población y otro más en la zona de El Toyo, de la capital almeriense, sobre los que el Sareb podría asumir la propiedad de manera inminente.