«Las mafias operan con impunidad y prácticamente a diario, sin que se tomen las medidas necesarias para combatirlas», criticó por enésima vez el alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, para exigir al Ministerio del Interior que «adopte las medidas pertinentes para acabar con la presencia de narcolanchas en la costa del Parque Natural Cabo de Gata». En este sentido, la última moción aprobada por el plenario municipal contra el tráfico de personas y sustancias ilegales señalaba un «doble problema» en la localidad: de inseguridad y de impacto medioambiental en una zona de máxima protección.

La iniciativa del PP fue aprobada en el pleno del Ayuntamiento de Níjar por unanimidad. «La temporada de verano se acerca y no se puede poner en riesgo ni la seguridad de los nijareños, ni la de los turistas que nos visitan», reclamó el regidor nijareño, aludiendo a que «las ‘narcolanchas’ siguen paseándose por la costa del Parque Natural como Pedro por su casa» y reiterando que existe un «problema de inseguridad evidente que el Ministerio del Interior debe resolver dotando a la Guardia Civil de los efectivos necesarios y de los medios adecuados».

De hecho, según la portavoz municipal, María del Mar Calatrava, «estas embarcaciones ilegales, ya sean pateras que transportan irregularmente a migrantes, ya sean de transporte de drogas o para el denominado ‘petaqueo’, se desplazan por toda la costa nijareña con un grado de impunidad que llama la atención de propios y extraños». Una facilidad de movimientos que deriva de «un simple motivo» para la edil, que «la Guardia Civil no tiene capacidad para hacerles frente, pues carece de medios adecuados, de efectivos suficientes, y de protocolos de actuación específicos».

Sin embargo, ya en marzo de 2024 el Pleno del Ayuntamiento de Níjar aprobó una moción que denunciaba la «clara falta de responsabilidad» gubernamental ante un déficit de medios que «un año después no sólo no ha mejorado, sino que ha ido a peor, pues la presencia de las narcolanchas se ha convertido en una realidad que sucede de manera habitual», indicó Calatrava. Una realidad que «ya se ha normalizado en nuestro Parque Natural Cabo de Gata-Níjar», refirió la portavoz del equipo de Gobierno nijareño, describiendo la aparición de «zonas protegidas del litoral convertidas en auténticos vertederos de bidones de plástico con restos de combustible» y «el consecuente atentado medioambiental que la presencia de éstas provoca en las aguas y arenas de las playas».

Perjuicios que podrían afectar también a «la fauna y flora terrestre y marina», como lamentó Calatrava, señalando también el «enorme daño a la imagen del principal atractivo turístico de la provincia de Almería y, por ende, del propio municipio de Níjar».

Así, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) precisó que el catálogo de personal contempla en el municipio de Níjar unas 70 plazas de la benemérita, de las cuales solo estarían ocupadas la mitad de ellas. Además, tampoco acompaña la falta de medios tecnológicos para atajar estas situaciones, con embarcaciones de hasta 20 años de antigüedad que carecen de potencia suficiente.

«Esto es un desastre», consideró Javier Torrellas, portavoz de AUGC «el crimen organizado está cogiendo velocidad de crucero en Almería» y que «es increíble que el Ministerio del Interior sea incapaz de dar solución, mintiendo continuamente con datos y compromisos falsos». Asimismo, Torrellas apeló a «la responsabilidad de la Dirección General de la Guardia Civil», a la que «no se le oye comentar los problemas de los agentes» y «parecen sometidos al dictado del Ejecutivo».

Por su parte, Victor Vega, portavoz provincial de la AUGC manifestó que «no me entra en la cabeza que digan que tenemos doscientos efectivos más, cuando muchos de ellos están en destinos no operativos, nosotros queremos gente en la calle». «Me parece estupendo que se hagan ‘unidades fantasma’ para luchar contra la violencia de género o los delitos telemáticos», aclaró Vega, pero que «lo hagan destinos orgánicos, que pueda pedir cualquier Guardia Civil, que no sean a dedo». «Estamos muy hartos de los destinos de libre designación, hay demasiados y eso tiene que acabar».

Y es que las operaciones contra las narcolanchas, así como contra los «petaqueros» que surten de combustible a estas mafias, se están convirtiendo en algo habitual en todo el litoral almeriense. La operación «Habcre», encuadrada en el dispositivo contra el tráfico de estupefacientes y llevada a cabo por agentes de la Guardia Civil del Puesto Principal de Adra, permitió identificar hace unos días a tres personas como presuntas autoras de un delito contra la seguridad colectiva. Dos de ellas, de 26 y 40 años de edad y residentes en Almería capital, fueron detenidas e investigadas, respectivamente, mientras que la tercera aún no ha sido localizada. Esta vez, los agentes aprehendieron un total de 4.750 litros de gasolina, distribuidos en 190 garrafas.