El exalcalde socialista de Albánchez (Almería), juzgado por "enchufismo"

El Juzgado de lo Penal número 5 de Almería ha fijado para el próximo 13 de mayo de 2026 el inicio del juicio oral contra el exalcalde de Albánchez (Almería) Francisco Martínez García por numerosas contrataciones de personal municipal presuntamente realizadas al margen de la ley.

El exregidor se encuentra acusado por la Fiscalía de un delito continuado de prevaricación administrativa presuntamente cometido entre los años 2011 y 2015 por el que el Ministerio Público solicita una pena de diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, además del pago de las costas procesales.

El escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EFE, sostiene que Martínez García, en su condición de alcalde, autorizó hasta 19 contrataciones temporales e incluso una indefinida sin convocar ningún procedimiento selectivo ni atender a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Se trataría de contratos de obra y servicio para categorías muy diversas, como peones agrícolas, peones de obras públicas, personal de limpieza, monitores de actividades recreativas, socorristas o promotores culturales.

Entre los hechos concretos, la Fiscalía cita resoluciones de la Alcaldía de enero y febrero de 2015, mediante las cuales se contrataron, con cargo a una subvención, a varias personas durante dos meses para tareas de limpieza general, jardinería y mantenimiento del mobiliario urbano. Asimismo, en marzo de ese año se habría formalizado un contrato indefinido de limpieza de edificios administrativos, igualmente sin procedimiento previo.

Según el fiscal, el exalcalde actuó con pleno conocimiento de la ilegalidad de sus resoluciones y “restringiendo de facto el acceso de otras personas que pudieran concurrir en condiciones de igualdad”. En la misma causa figura procesada la entonces secretaria-interventora del Ayuntamiento, a la que se atribuye responsabilidad como cooperadora necesaria por haber firmado las resoluciones sin formular reparo alguno. La pena que se solicita para ella asciende a ocho años de inhabilitación especial.

La Fiscalía subraya que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal y encuadra los hechos en un delito continuado de prevaricación tipificado en el artículo 404 del Código Penal. En este caso, la acusación sostiene que se habría utilizado la contratación temporal y la cobertura con subvenciones municipales de manera reiterada para incorporar personal sin respetar los cauces legales exigidos en la administración local.

La vista oral se celebrará en la Sala de Audiencias del Penal número 5 de Almería y está previsto que arranque el miércoles 13 de mayo de 2026 a las 11:10 horas, con la citación del Ministerio Fiscal, las defensas, los acusados y los testigos. El procedimiento se enmarca en la política de control sobre las contrataciones públicas realizadas en pequeños municipios almerienses, varios de los cuales han sido objeto de investigaciones similares en los últimos años.