La asociación Amama, que destapó los fallos en los cribados de cáncer de mama, admite ahora que no sabe cuántas mujeres hay afectadas realmente por estos errores en los diagnósticos. Este reconocimiento se produce después de que el colectivo asegurara, según sus cálculos, que unas 4.000 mujeres no habían sido informadas convenientemente, una cifra que contrasta con los 2.317 casos que acotó la Junta de Andalucía.

«No hacemos estadísticas», señaló la presidenta de la entidad, Ángela Claverol, quien aclaró que no son 4.000 las afectadas, sino llamadas y consultas de mujeres interesándose por el asunto. Una crisis sobre la que Amama generó más sombras, puesto que el abogado del colectivo, Manuel Jiménez, aseguró que hay tres fallecidas por estos errores.

«Nos da rabia que ellos den por cerrado un asunto que no cesa. Siguen entrando llamadas. Por mucho que ellos quieran, esto va a seguir», remarcó Claverol. El letrado, por su parte, confirmó que de las llamadas recibidas, «realmente afectadas» hay, hasta la fecha, en torno a 260, de las que alrededor de un 10% no habría desarrollado un cáncer de mama por no haber sido atendida en tiempo y forma.

Hasta el momento, se han formalizado ante el SAS medio centenar de reclamaciones patrimoniales. Denuncias «presentadas» a las que tiene «acceso» la Consejería de Sanidad. «Ahí tienen los datos», aseguró Jiménez, además de aclarar que la Administración tiene un plazo de seis meses para contestar. A partir de ese momento, las afectadas tienen dos meses para acudir a la vía contencioso-administrativa.

«Yo no voy a facilitar los documentos. El SAS es el que tiene los datos», reiteró el letrado después de que los haya reclamado la Junta. «Los datos oficiales no concuerdan con los nuestros», dijo en alusión a que, «por ejemplo, en Córdoba tenemos algunos casos y la Junta no los reconoce». Sobre la denuncia interpuesta en la Fiscalía Superior de Andalucía por la posible manipulación de mamografías –la Junta explicó que se había producido una caída de los soportes digitales del SAS–, el abogado señaló que «no ha habido movimientos». Amama, además, ha hecho llegar a la Junta una batería de propuestas de cara al proyecto de Presupuestos de 2026. Plantea, entre otras cuestiones, la recuperación de la atención de acto único en caso de dar positivo en cáncer de mama: mamografía, ecografía y biopsia en el mismo día.

Igualmente, propone que la Administración sanitaria financie al 100% las pelucas en caso de tratamientos con pérdida del cabello y, «ante la situación de negligencia creada por el programa de detección precoz del cáncer de mama, solicitamos la implantación de la Defensoría de las mujeres» afectadas por esta enfermedad. Asimismo, plantea el estudio de reducciones fiscales para mujeres mastectomizadas en situación de «especial vulnerabilidad».

La asociación recuerda que el Gobierno andaluz aprobó un plan de choque para hacer frente a la crisis de los cribados dotado con 705 millones de euros, además de la contratación de 101 profesionales, pero en los Presupuestos para 2026 «no aparece ninguna partida dedicada específicamente a los cribados; al menos, no la identificamos, ni a la atención específica del cáncer de mama».

«Las mujeres afectadas por la negligencia necesitan que el Gobierno andaluz cumpla con lo prometido y detalle en el Presupuesto el destino de esos 701 millones de euros y de los 101 profesionales que incrementarán la plantilla del SAS en 2026», insiste Amama, por lo que hay que garantizar «plantillas completas y estables en todos los hospitales, con contratos estables y de larga duración a los especialistas relacionados con la atención al cáncer de mama en Andalucía, al personal de enfermería, TCAE y profesionales técnicos superiores».

Por su parte, la Consejería de Sanidad evitó «polemizar» con la asociación, aunque recordó que la Ley de Salud Pública recoge la obligación de los ciudadanos de «poner en conocimiento de las autoridades sanitarias cualquier evento o situación que pueda constituir una emergencia de salud pública». «Quien habla de 4.000 personas sobre las que la Administración no tiene conocimiento, para mí es una emergencia de salud pública, no sé para los demás, si existiera, claro», aseguró el responsable del ramo, Antonio Sanz. También dejó claro que los datos que se han pedido a Amama no son para las administraciones, sino «para los profesionales sanitarios, que tienen una responsabilidad y una obligación».