Polémica

La guerra de Doñana se juega en las instituciones

Gobierno y Junta de Andalucía no esconden sus cartas en una estrategia que solo trae descrédito y desapego a la política

En el centro, Luis Planas Herrera, hijo del ministro de Agricultura y asesor de la directora de Medio Ambiente en la CE
En el centro, Luis Planas Herrera, hijo del ministro de Agricultura y asesor de la directora de Medio Ambiente en la CETwitter

Poco menos que se han escandalizado algunos representantes del PSOE por el hecho de que el Partido Popular ponga en duda los argumentos de la Comisión Europea, un organismo igual de politizado que cualquier otro. Solo hay que recordar que, como ya desveló LA RAZÓN, el hijo de Luis Planas es asesor de la directora de Medio Ambiente europea que firmó la misiva contra la iniciativa legislativa de Doñana que ha derivado en la principal estrategia electoral para hacer daño a la imagen de Juanma Moreno –ayer un portavoz de la Comisión, sin nombre ni apellidos, admitió la existencia de un ‘conflicto de intereses’–.

El hijo de Planas asesora en Bruselas y la exjefa de gabinete de una ministra está al mando del CSIC

Los socialistas se han servido de la maquinaria que les otorga el Gobierno de España para seguir estirando el chicle y hacer ‘pupa’ al PP y utilizando todas las armas a su alcance, conscientes de que la manipulación del discurso, tal y como lo plantean, tiene mucho calado social. El PSOE está tocando en todas las puertas. En Europa (no es de extrañar que en Andalucía estén deseando que concluya el mandato de Virginijus Sinkevicius en 2024) y a nivel nacional, donde hay que recordar que Pedro Sánchez cambió en 2018 a una doctora en Química experta en energía y medio ambiente por la ex jefa de gabinete de la ministra de Sanidad para dirigir el CSIC, nada más y nada menos que la mayor institución pública de España dedicada a la investigación científica y técnica y una de las más destacadas del Espacio Europeo de Investigación. Un relevo calificado incluso por CC OO como «inexplicable». Las últimas declaraciones de Eloísa del Pino han sido: «Dar la esperanza o la sensación de que el agua se puede seguir utilizando en Doñana para uso agrícola es un error». Sin ninguna referencia a las medidas adoptadas por el Gobierno para acatar la sentencia de 2021 por el estado de Doñana y que la propia Comisión Europa tilda de insuficientes. Y, por último, a nivel local se están produciendo enormes presiones en los municipios afectados –Lucena, Rociana, Moguer, Almonte y Bonares–, con larga tradición socialista. La teoría de ‘divide y vencerás’, ejecutada de forma sibilina. Una forma de actuar en ciertos aspectos muy reconocible durante más de tres décadas en Andalucía.

Quizá por ello, cuando en 2019 de forma inesperada Juanma Moreno fue investido presidente de la Junta de Andalucía, muchos pensaron que en la por entonces viciada administración de la comunidad se produciría una verdadera revolución de la que ‘desfilaría’ todo aquello que oliese al antiguo régimen. Pero no fue exactamente así. No faltaron incluso las críticas internas en ese momento a un Gobierno de coalición que hizo poco ruido en este sentido. Uno de esos cargos golosos que todo el mundo pensó que pasaría a ocupar una persona afín a los intereses populares fue el de director del Parque Nacional de Doñana. No fue así. Juan Pedro Castellano, hermano de la alcaldesa de Almonte, sigue dirigiendo hoy el parque como venía haciendo desde 2014, cuando fue nombrado por libre designación –es funcionario– por el Gobierno de José Antonio Griñán. El nombramiento se hizo «con todos los parabienes desde el punto de vista político y desde el de la gestión y la preparación de esta persona para este tipo de responsabilidades», según dijo entonces el vicesecretario general del PSOE de Huelva, Antonio Rodríguez Castillo. Y qué decir de Miguel Delibes, a quien el Gobierno de Griñán lo nombró presidente del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana en 2012, cargo que permanecía vacante desde la renuncia del ex presidente del Gobierno Felipe González meses antes, y que continúa al frente del órgano de participación cuando la normativa dice textualmente que «corresponde al Consejo de Gobierno el nombramiento de la persona que deberá ejercer la presidencia, a propuesta de la persona titular de la Consejería de Medio Ambiente que así mismo nombrará la persona que asumirá la vicepresidencia». Delibes recibió el año pasado la medalla de Andalucía al mérito medioambiental.

Se puede concluir, en definitiva, que la labor del Gobierno de Juanma Moreno ha sido continuista en lo que se refiere a Doñana pese a que ha podido en este periodo dar un giro total. Muy al contrario, la Consejería de Sostenibilidad –antes Desarrollo Sostenible– ha liderado una inversión histórica en el parque de 17 millones de euros para acometer la reforestación por el incendio de Las Peñuelas en 2017. Pese a ello, durante meses la expresidenta Susana Díaz acusó a Moreno de pretender «enladrillar Cabo de Gata y asfaltar Doñana», sin que haya pasado ni una cosa ni la otra. La misma Susana Díaz que se fotografió con Felipe González después de pasar de presidente del Consejo de Participación de Doñana a miembro del consejo de administración de Gas Natural y avalar el proyecto de almacén de gas bajo el parque natural. Y el mismo Felipe González que ahora califica de «disparate» una proposición de ley que pretende acabar con la extracción subterránea de agua y sustituirla en la comarca por agua superficial del trasvase aprobado legalmente.

Curiosamente, en una entrevista en marzo de 2019, Miguel Delibes decía: «Doñana no está enfermo ni moribundo» (Diario de Sevilla). Hoy, el presidente del Consejo de Participación habla de «desaparición». Y en el medio siglo que ha vivido en el parque ha tenido etapas de sequía pero no dijo nada similar, por supuesto.