En Andalucía –y en el conjunto de las comunidades autónomas– existe preocupación porque la financiación singular catalana rompe la caja común del Estado y afectará a los ingresos de todas las regiones. Otra cosa es que el acuerdo llegue a hacerse efectivo, porque obliga a tocar varias leyes y el Gobierno de España no tiene asegurada la mayoría parlamentaria. Por eso, mientras tanto, el Ejecutivo andaluz va a tomar este asunto como uno de los ejes de la interminable precampaña electoral hasta que se convoquen las elecciones autonómicas andaluzas.

La implicación de María Jesús Montero en el trato privilegiado a Cataluña le ocasiona problemas en sus expectativas electorales en Andalucía como candidata socialista. El Barómetro de la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra) publicado el jueves ya era muy perjudicial para sus intereses: el PP-A volvería a ganar las próximas elecciones andaluzas con el 41,7% de los votos y una ventaja de 21,9 puntos sobre el PSOE-A, que obtendría el 19,8% de los sufragios y caería hasta los 24-26 escaños. Con estos resultados, Juanma Moreno repetiría así la mayoría absoluta en el Parlamento autonómico y podría seguir gobernando en solitario.

Ahora bien, la encuesta del Centra se realizó entre los pasados días 13 de junio y 1 de julio en pleno escándalo del «caso Cerdán». No incluía el «cupo catalán» porque todavía no se había oficializado el acuerdo y el Barómetro no incluía preguntas específicas sobre este asunto.

Sí existe un precedente sobre un asunto similar sobre el que se preguntó en el Barómetro anterior al del pasado jueves: la condonación de la deuda a medida de Cataluña, otro de los acuerdos con los que María Jesús Montero, como ministra de Hacienda, ha favorecido a los intereses de la comunidad presidida por Salvador Illa con el apoyo de ERC. En ese estudio se apuntaba que el 56,2% de los andaluces consideraba más urgente reformar el vigente sistema de financiación autonómica para garantizar una asignación justa para las comunidades que la condonación de deuda propuesta por el Gobierno de España. Esta última iniciativa solo era prioritaria para el 12,9% de los encuestados.

Con esos precedentes, parece evidente que los andaluces no verán bien el acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña, que se garantizará la recaudación de todos los impuestos en los próximos años a cambio de una contribución de «solidaridad» a la caja común siempre que se respete el criterio de ordinalidad acordado.

En este sentido, el consejero andaluz de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, insistió ayer en el mensaje que traslada la Junta de Andalucía desde hace días: Montero está «inhabilitada» como candidata del PSOE-A a la Presidencia de la Junta de Andalucía por la «traición» a esta comunidad que supone el acuerdo entre el Ejecutivo nacional y la Generalitat sobre una financiación singular para Cataluña.

Al margen de las declaraciones políticas, la Consejería de Hacienda ya elaboró hace un año un informe jurídico preliminar sobre la implantación de un cupo catalán de cara a un posible recurso de inconstitucionalidad. El texto advertía de que la salida de Cataluña del régimen común de financiación de las comunidades autónomas afectaba a los «principios fundamentales consagrados en la Constitución y su bloque de constitucionalidad».