La ley de sostenibilidad turística de Andalucía deberá blindar la competencia

El Consejo de la Competencia de Andalucía ha mostrado cierta preocupación en su informe preceptivo sobre el actual texto del Anteproyecto de Ley de Turismo Sostenible de Andalucía. El organismo que vela por la libre competencia, unidad de mercado y mejora de su regulación económica no entra a valorar el modelo turístico que se pretende implantar en la región, pero sí propone que se revise para garantizar que no introduce distorsiones en el mercado. A su juicio, esto no está totalmente garantizado y recuerda que «toda intervención que restrinja la competencia debe basarse en la existencia de razones imperiosas de interés general, debidamente justificadas, y ser adecuadas y proporcionada a dichas razones».

En el dictamen, consultado por este periódico, el Consejo hace, fundamentalmente, dos reproches: la «complejidad» del texto y la remisión a un posterior desarrollo reglamentario. Eso ocasiona la utilización indeseada de «conceptos jurídicos indeterminados», factores que «pueden generar incertidumbre para los operadores» del sector.

Precisamente esta es una de las cuestiones en las que la Consejería de Turismo y Acción de Exterior más incide a la hora de introducir cualquier cambio normativo en el complejo mercado turístico. De hecho, sobre el debate de la tasa turística, el consejero Arturo Bernal fue muy claro hace unos meses pese a la presión de algunos ayuntamientos gobernados por el Partido Popular: «Nos estamos cargando a la gallina de los huevos de oro, hay que tener cuidado con ciertos discursos apocalípticos», señaló.

En el caso de la sostenibilidad, el concepto se ha abierto paso en todos los discursos. El turismo debe ser sostenible, pero hay que conjugar muchos factores para garantizar la seguridad jurídica y no poner en riesgo un sector clave en la economía andaluza.

Además, como recuerda el Consejo de la Competencia de Andalucía el turismo no es una actividad económica aislada, sino que el mercado andaluz compite con destinos en todo el mundo. Por ese motivo, recalca en su dictamen «la necesidad de asegurar la coherencia del texto con la normativa estatal y europea, y de avanzar hacia una mayor armonización entre comunidades autónomas».

No tiene sentido aprobar una ley de carácter restrictivo en Andalucía e ir a contracorriente del resto de destinos competidores. «Este Consejo de la Competencia de Andalucía, tras el análisis pormenorizado del borrador del proyecto normativo Anteproyecto de la Ley del turismo sostenible de Andalucía, atendiendo a los principios de la buena regulación ha localizado múltiples e importantes restricciones a la defensa de la competencia y a la unidad de mercado, como determinados requisitos de clasificación, condiciones de explotación, registros obligatorios o fórmulas de cooperación público-privada», argumenta el organismo autonómico.

También «se insiste en que el desarrollo reglamentario y la aplicación de la norma deben orientarse desde una perspectiva procompetitiva, que maximice los beneficios económicos y sociales de la intervención, fomente la innovación y asegure la diversidad y eficiencia en los servicios turísticos», explica.

Partiendo de ese principio general, el dictamen apunta cuestiones concretas que la futura norma debería tener en cuenta. Por ejemplo, propone «asegurar que el asociacionismo empresarial se realice con pleno respeto a la normativa de defensa de la competencia, evitando que dichas estructuras organizativas sean utilizadas como mecanismos de coordinación colusoria entre operadores».

Igualmente, muestra su preocupación sobre exigencias a aquellos actores que operan en internet y propone «revisar cuidadosamente la inclusión de las plataformas digitales de intermediación en la norma, a la luz del Derecho de la Unión Europea y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, justificando cualquier exigencia impuesta a los servicios de la sociedad de la información que actúan como intermediarios neutrales».

Hay que recordar que el Consejo de Gobierno aprobó en febrero de este año el inicio de la tramitación del anteproyecto de Ley del Turismo Sostenible de Andalucía, cuyo objetivo es la ordenación, planificación y promoción del turismo sostenible en el marco del principio de sostenibilidad ambiental, económica y social, así como la definición de la política turística, sus principios y criterios de actuación. Según explicó el consejero Arturo Bernal, esta norma vendrá a sustituir a la actual, vigente desde 2012 porque después de más de una década, «resulta indiscutible que esta actividad presenta nuevas realidades y afronta nuevos retos, sobre todo después de la pandemia».