Tribunales
El exdecano de los abogados de Málaga niega un delito de desobediencia durante el estado de alarma
Ha relatado que los hechos se produjeron en un momento de histeria colectiva en una pandemia mundial
El exdecano del Colegio de Abogados de Málaga Francisco Javier Lara ha negado que cometiera un delito de desobediencia, después de que durante el primer estado de alarma por la pandemia no enviara al juzgado ningún abogado de guardia, aduciendo motivos de seguridad.
"En ese momento morían miles de personas, no nos podemos olvidar", ha precisado el exdecano durante su declaración como acusado este lunes en el Juzgado de lo Penal número 15 de Málaga, en un juicio en el que han acudido más de un centenar de abogados y decanos de otros colegios de distintas comunidades autónomas.
Francisco Javier Lara, que no ha contestado a las preguntas del fiscal, solo las de su defensa, ha relatado que los hechos se produjeron en un momento de histeria colectiva en una pandemia mundial, con un ambiente de incertidumbre y que cada día morían más de mil personas.
"Debido a ello, la junta de gobierno se limitó a velar por la seguridad y la protección de la vida y la salud de los colegiados, nunca tuvimos intención de desobedecer ningún mandato, lo que queríamos era proteger las condiciones de los personas que iban a prestar un servicio", ha agregado el exdecano.
Ha destacado que no fue "una decisión personal, jamás he tomado una decisión de forma unilateral en los ocho años que he estado de decano" y ha insistido en que él solo era el decano y que fue toda la junta de gobierno quien decidió que "el bien jurídico a proteger era la vida y la salud de los colegiados que prestaban un servicio constitucional". Ha negado que tuvieran una actitud obstructiva, "solo tratábamos de que se hiciera telemáticamente y cuando no se podía se pedían las medidas de seguridad y se hacía el servicio", ha explicado Lara.
El fiscal mantiene que el exdecano cometió un delito de desobediencia al no cumplir con un requerimiento judicial por lo que le pide que sea condenado a una pena de doce meses de multa con una cuota diaria de quince euros con responsabilidad subsidiaria por impago de multa. Para ministerio público "el acusado impidió el libre ejercicio del derecho a desempeñar su profesión liberal de todos aquellos abogados dispuestos a prestar el servicio de Guardia de Detenidos", extremo que ha negado Lara y que ha subrayado que "no tenemos autoridad para impedir que un abogado ejerza su labor".
El fiscal mantiene que incumplió un requerimiento judicial del Juzgado de Instrucción número 10 de Málaga, ya que su magistrada dictó un providencia el 6 de mayo de 2020 que le advertía que tenía que proporcionar el nombre de los abogados que estaban de guardia a fin de comunicarles que debían acudir a la mayor brevedad para asistir a los detenidos en el Juzgado de Guardia.
En dicha providencia se hacía constar expresamente que, en el caso de no acudir, se procedería "a deducir oportuno testimonio de todo lo actuado y su remisión al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, al Consejo General del Poder Judicial, al defensor del pueblo y a la consejería de Justicia, sin perjuicio de deducir testimonio por presunto delito de desobediencia".
La funcionaria que recibió la llamada telefónica en la que se solicitaba la lista de abogados también ha declarado en calidad de testigo y ha relatado que el Colegio no se negó a dar los nombres de los letrados sino que le pidió que lo solicitaran por correo electrónico. El exdecano ha explicado que "nunca" ningún juez les había pedido el listado de abogados de guardia, y que además ellos, según las circunstancias, enviaban a uno u otro dependiendo de las medidas de seguridad por si había alguna abogada embarazada o que viviera con personas de alto riesgo o mayores.
Durante la sesión de este lunes también ha comparecido en calidad de testigo la magistrada que dictó el requerimiento judicial y el abogado defensor de Lara, José Javier Polo, le ha preguntado a la jueza si consideraba que pedir medidas de seguridad era incumplir un requerimiento judicial.
La magistrada ha asegurado que comunicaron al Colegio de Abogados que tenían cuatro detenidos por la mañana y que como no le contestaron hasta al mediodía se vio obligada a dejarlos en libertad.
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