El Pleno del Parlamento de Andalucía debate el próximo jueves una Proposición no de Ley (PNL) del Grupo Popular acerca del apagón eléctrico de 28 de abril. Plantea que la Cámara reclame al Gobierno un cambio en "el sistema retributivo de la inversión en transporte y distribución de electricidad" y que impulse "específicamente el despliegue de la infraestructura eléctrica en Andalucía hasta equipararla con la media nacional en términos de densidad". Es una iniciativa de seis puntos que busca un mandato parlamentario dirigido al Gobierno central, que plantea entre otros propósitos que el Estado acometa una reforma legal para "elevar el tope legal para inversión en redes de distribución y transporte que no repercuta en la factura del consumidor final".

Reclama al Gobierno "revisar su planificación energética e impulsar un Pacto de Estado de Energía y de neutralidad tecnológica", mientras espera que aporte "estabilidad, robustez, fiabilidad, competitividad y seguridad a la política energética española". Pide al Ejecutivo central que emprenda "los cambios necesarios" en la gestión del modelo energético para que las energías solar térmica, térmica renovable, hidráulica, bombeo puro, cicio combinado o nuclear "puedan ofertar su electricidad en el mercado de manera competitiva" y apuesta por la atracción de "proyectos de inversión en energía mediante la colaboración público-privada", una aspiración pensada para aumentar "la solidez de nuestro tejido empresarial y energético".

Propone el PP reclamar a la Administración estatal "una política energética que contribuya a la robustez del sistema eléctrico español", propósito que busca con "la agilización burocrática de proyectos de almacenamiento de energía, las conexiones eléctricas con nuestros países vecinos, y las tecnologías incluidas en la taxonomía climática de la UE". Demanda también el Grupo Popular medidas como "una reducción de las cargas fiscales burocráticas", así como una mejora de la protección del sistema "desde los puntos de vista energético y de ciberseguridad".

Exige del Gobierno "una política de comunicación veraz, transparente y sin ocultaciones para que dé a conocer la información necesaria sobre el apagón", ya que argumenta que se trata de "delimitar las responsabilidades incluida la patrimonial, ya sea del Estado o de las entidades que correspondan", por cuanto ha blandido aquí las condenas por las primas renovables, donde contabiliza un pago de casi 400 millones de euros tras demanda de cuatro empresas extranjeras. Quiere que la Cámara autonómica exprese "su rotundo rechazo a la interrupción masiva del servicio eléctrico sufrida en España y Portugal", que considera "reiteradamente anunciada" y que atribuye "al actual modelo de gestión del sistema", por aspectos como "la errónea política de integración de energías, su deficiente equilibrio y balanceo, su falta de resiliencia y la carencia de interconexión porcentual con el resto de Europa conforme a la regulación comunitaria", al tiempo que apunta consecuencias como "la pérdida de vidas humanas y graves daños materiales".

Plantea el PP que el Gobierno revise "su coordinación y comunicación" con Red Eléctrica, además de "tomar medidas" para que "las disfuncionalidades" vividas durante la crisis no se repitan.