Piden la dimisión del presidente de la comunidad de regantes del Condado de Huelva

Un nutrido grupo de agricultores miembros de la Comunidad de Regantes del Condado de Huelva pidió la dimisión de su presidente, Juan Matos, durante la asamblea general del pasado martes por utilizar el nombre de la comunidad en su propio beneficio y mostrarse abiertamente ante las cámaras de La Sexta televisión en contra de la proposición de ley para la regulación de regadíos en el entorno de Doñana, sin autorización de sus miembros, entre los que se encuentran afectados por la exclusión de tierras de la zona regable en 2014 que se pretende corregir ahora en el Parlamento andaluz.

Matos, presentado ante las cámaras como presidente de la comunidad, aseguró que veía «mal» la iniciativa legislativa porque «dice que ellos –los que no están regularizados– tienen más derechos que los que estamos regularizados. Hay mucha gente que está en la comunidad de regantes que no tiene agua y le hace falta». Y añadió: «Cuando hay movimiento en Doñana los que salen más perjudicados son los lugareños. Va a haber muchos problemas para vender la fruta en Europa. Cuando hay terrenos que no están regularizados, no los quieren», sentenció.

A lo largo de una asamblea muy tensa, numerosos comuneros tomaron la palabra para recriminar a Matos que había realizado esas declaraciones, dañinas para muchas familias que atraviesan por muchos problemas como consecuencia de una decisión que califican como «injusta», sin autorización y a sabiendas de que el acuerdo que la mayoría había aprobado era no mostrarse ni a favor ni en contra de la proposición de ley. Los comuneros se han sentido engañados. Hubo quien incluso apuntó a un interés político por afinidad con el partido socialista. Matos esgrimió que el acuerdo al que se hacía mención era para la primera propuesta, la que decayó por la convocatoria electoral, e incluso afeó a los comuneros la avaricia que mostraban, lo que indignó aún más al grueso de los presentes.

Con motivo de la visita de Pedro Sánchez a Doñana la pasada semana, se advirtió la soledad del presidente, que no se vio respaldado por ninguno de los alcaldes socialistas de la zona. Desde entonces se ha incrementado la presión para instrumentalizar el conflicto políticamente.

Por otro lado, el portavoz de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva, Julio Díaz, aseguró ayer que WWF «miente aportando datos fake sin ningún rigor científico» cuando dice que la Proposición de Ley (PPL) regularizaría 1.900 hectáreas, ya que se tratará de unas 750». Díaz argumentó que la cifra de unas 750 hectáreas «ha sido determinada por los propios técnicos de la administración andaluza», que aseguran que serían «entre 700 y 800 hectáreas las que deberán haber obtenido el visto bueno de una oficina técnica».

Por ello, la plataforma criticó así «la falta de rigor» del colectivo ecologista, que «aumenta las hectáreas a regularizar porque le interesa ese relato para seguir vendiendo a los agricultores de la provincia de Huelva como los malos del cuento». «Hace unos meses, WWF decía que se iban a regularizar 1.600 hectáreas, ahora, 1.900. Los que han aumentado un 20% la superficie regable son ellos, con un dato que no es cierto, usado solo para hacer daño», agregó.

Otro de los argumentos ofrecido por WWF y que, según Díaz, «no es cierto es que a partir de 2004 se multiplican las hectáreas de regadío, aun sabiendo que eran ilegales». «Esta sentencia es totalmente falsa, ya que el Potad, que se publica en 2004, diferencia entre hectáreas agrícolas y forestales, nunca agrícolas de secano y agrícolas de regadío. Esa diferenciación no llega hasta el Plan de la Corona en 2014. Lo que sí ocurre a partir de 2004 es que se subvencionan fincas con el dinero europeo que en el Potad eran agrícolas, y que cumplían con todos los requisitos para ser regables, y, aun así, se quedaron fuera del Plan Especial», aseveró.