Opinión

Un plan por la corrupción

"Las 15 medidas que Sánchez ha anunciado para luchar contra la corrupción son un verdadero chiste", señala

Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados
Pedro Sánchez, en el Congreso de los DiputadosEuropa Press

Las 15 medidas que Sánchez ha anunciado para luchar contra la corrupción son un verdadero chiste. O en realidad, peor que un chiste: una broma macabra. No sólo no solucionan nada, sino que inciden en el mal de fondo, el pésimo mal de fondo. En una verdadera democracia, no es el poder quien debe controlar, sino el que debe ser controlado. Todo lo que lleva haciendo Sánchez desde que llegó a la Moncloa es desbaratar este principio básico. ¿Cómo? Ocupando las instituciones, atacando la independencia del poder judicial, eliminando la separación de poderes, poniendo en duda las investigaciones policiales, censurando la libertad de expresión, eliminando cualquier disidencia dentro su propio partido… En definitiva, cargándose todos esos contrapesos de los que hablaron los pensadores políticos liberales. La corrupción no es el resultado de la falta de mecanismos de control públicos. Esa es la gran falacia de la que beben todas las propuestas anticorrupción de Sánchez. Es al revés. La corrupción es el resultado de un poder público descontrolado. No es el Gobierno el que debe vigilar, sino el que debe ser vigilado.

Que la primera de las quince propuestas de Sánchez para hacer desaparecer de la vida pública a los Ábalos, Cerdán y compañía sea la creación de una Agencia de Integridad Pública independiente para la persecución de las prácticas corruptas sería para partirse el lomo de risa, si no fuera realmente para indignarse. Mire usted, señor Sánchez, para la persecución de las prácticas corruptas ya están las Fuerzas de Seguridad del Estado, lo que debe hacer usted es proporcionarles medios y recursos para que hagan su trabajo. No ha aclarado en su propuesta el todavía presidente del Gobierno cómo de independiente quiere que sea esa Agencia: si tan independiente como el CIS y la Fiscalía general del Estado o un poquito menos. La medida revela una desvergüenza tan grande que da pudor. ¡Pero si Sánchez no da independencia ni a la AIReF que ha tenido que recurrir a la Abogacía del Estado para que la defienda de la continua injerencia del Gobierno! El zorro mayor eligiendo a los zorritos que van a cuidar el gallinero. Infunde la Agencia esa casi tanto respecto como la UCO, vamos, igualito.

Otra de las propuestas verdaderamente elocuentes de la vaciedad absoluta del plan de Sánchez, y de la concepción equivocada de la que bebe, es la exigencia de sistemas de compliance a las empresas que contratan con las administraciones. Con esta medida, y la de crear una lista negra de las empresas condenadas por corrupción, el Gobierno asume la idea de sus socios a la izquierda de que el problema está en los contratistas privados, presentados como corruptores. Cuando las investigaciones de la UCO demuestran que eran los propios cargos políticos los que iban colocando en esas empresas a directivos de su confianza. En cuanto a lo del compliance, vino el presidente del Gobierno a inventar la rueda. Pero, a ver, señor Sánchez, díganos cuáles de las grandes empresas que son adjudicatarias habituales de obras públicas no tienen ya sistemas de compliance. ¡Las tienen todas! Precisamente para salvaguardar la responsabilidad penal de las empresas y de sus directivos frente a quienes incurren en prácticas fraudulentas.

Por lo demás, la creación de secciones especializadas en delitos contra la administración pública dentro de los tribunales de justicia es una medida altamente sospechosa, que parece dirigida a tener el control político sobre las causas. En relación con la justicia, del Gobierno siempre hay que pensar que pretende lo contrario de lo que afirma… Aunque del ramillete completo de medidas, la ‘cumbre’ sin duda es la que la cierra, o sea, la decimoquinta, que no se sabe si es que ya no se les ocurría más cosas y por redondear el número acabaron con esta ocurrencia, o es que el señor Sánchez nos toma sencillamente por tontos. Porque, agárrense, la medida final y definitiva con la que Sánchez piensa cercar a los corruptos es creando una cultura de integridad a través de campañas de sensibilización y estudios demoscópicos dirigidos por Tezanos. Debe ser por eso, gracias a las campañas y a la sensibilización feminista en las que el Gobierno lleva gastado millones y millones de euros, por lo que han surgido en los últimos años como setas en la izquierda personajes como Ábalos, Salazar, Errejón y Monedero. Los más feministas de boquilla, los más puteros y babosos fuera de los focos.

Si de verdad quisiera Sánchez perseguir la corrupción, lo tendría muy fácil. No necesitaría más que rectificarse a sí mismo. Respetar la independencia del poder judicial, desalojar las instituciones, dotar a la UCO de mayores medios y más recursos, no practicar el sectarismo mediático, garantizar de verdad la transparencia, proscribir las ruedas de prensa sin preguntas... Que se lea lo que ha dicho la Comisión Europea sobre la degeneración democrática de nuestro país. Este plan anticorrupción no es sólo pura propaganda, sino una verdadera hipocresía. Su verdadero objetivo es el contrario del que proclama: dotar al Gobierno de mayores medios para controlar la vida pública y evitar ser controlado. No se pondrá en marcha, pero si se pusiera, su único resultado sería favorecer la corrupción.

Rafael Belmonte es diputado por Sevilla en el Congreso de los Diputados