Violencia en las cárceles: Puerto III repite como una de las tres más peligrosas

Triste récord de agresiones a funcionarios de prisión. El sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) informó a LA RAZÓN, citando datos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, de que en el año 2023 "se han vuelto a batir los datos del mal año anterior en lo que tiene que ver con las agresiones sufridas por los funcionarios de prisiones habiéndose producido un incremento del 12% en el global de las agresiones sufridas". "Si en el 2022 fueron un total de 453 agresiones, en este año que recién acabó se ha escalado hasta las 508 agresiones sufridas por los trabajadores penitenciarios a manos de los internos que custodian. El 2023 se confirma como el más violento de los últimos 9 años", apuntó el sindicato. Si en el año 2022 los funcionarios de instituciones penitenciarias sufrieron una agresión cada 19 horas, en el año 2023 esa frecuencia es mayor y los trabajadores de las cárceles españolas han sufrido una agresión cada 17 horas.

Los centros penitenciarios de Zuera (27 agresiones) y Daroca (20 agresiones) suman un total de 47 agresiones encontrándose entre las tres prisiones con más violencia sufrida por los funcionarios penitenciarios en el año 2023. Junto a la prisión de Zuera, la cárcel de Puerto III se encuentra empatada en el primer lugar con un total de

27 agresiones. El centro portuense vuelve, por segundo año consecutivo a situarse entre las tres prisiones con mayor probabilidad de agresión a los funcionarios de prisiones, informó el sindicato.

De las agresiones, según el informe al que accedió LA RAZÓN, Instituciones Penitenciarias reseña que "el 51,9% son de carácter leve, el 46% sin lesiones y el 1,9% de carácter grave". En concreto, en los penales andaluces, Alcalá de Guadaíra presenta dos agresiones leves; Algeciras, dos leves y dos sin lesiones; Almería, dos leves; Córdoba, tres leves y 13 sin lesiones; Huelva, diez leves y nueve sin daños; Jaén, cinco leves y tres sin lesiones; Málaga, tres leves y cinco sin daños; Málaga II, seis leves y seis sin lesiones; el Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla, una grave, siete leves y cuatro sin lesiones; Puerto I, seis leves y seis sin lesiones; Puerto II se eleva a 16 leves y 11 sin daños; Sevilla, cinco leves y cinco sin lesiones; y Sevilla II, 10 leves y cinco sin daños.

En total, en las cárceles españolas hubo 10 agresiones gravies, 264 leves y 234 sin lesiones.

El sindicato recordó que "a finales de 2017 la secretaría general de Instituciones Penitenciarias aprobó, junto a los sindicatos generalistas CSIF Y UGT-Acaip, un protocolo específico para contabilizar las agresiones a los funcionarios de las prisiones españolas con un criterio distinto del resto de la administración general del estado a la cual pertenecen los empleados penitenciarios". TAMPM denuncia que "con ello se consiguió blanquear los datos totales de agresiones y que amenazas de muerte, empujones, tocamientos, escupitajos no se contabilizasen". "Tras superarse las 300 agresiones anuales en el trienio 2015-2017, la nueva forma de contabilización de las agresiones hizo que en los años 2018 y 2019 no llegarán a las 250. Tras verse reducidas éstas en los años 2020 y 2021 favorecido por el cierre de las instalaciones penitenciarias durante la pandemia y la consecuente disminución de entrada de objetos prohibidos o sustancias estupefacientes por personas ajenas a la institución, una vez vuelta la normalidad el número de agresiones se dispararon en el año 2022 hasta las 453", denunció el sindiato.

Desde el sindicato de prisiones TAMPM se denuncia que a pesar de que muchos profesionales tienen reconocida la condición de agentes de autoridad en el desempeño de sus funciones, "los funcionarios de instituciones penitenciarias son uno de esos colectivos que nadie puede pensar que no la tengan reconocida". "El motivo es que, en la pasada legislatura, el Gobierno de España presentó una proposición de ley en julio de 2020. Tras decenas de ampliaciones de plazos en su tramitación fue guardada “sine die” en el cajón. Así se consiguió que, tras tres años de espera, terminara la legislatura y los funcionarios de prisiones sigan desprotegidos", denuncia el sindicato de funcionarios de prisiones.