
Impulso económico
Estos son los primeros 100 chinos que llegan a la nueva gigafactoría de CATL: muy pronto aumentarán en un 50% la población de este municipio aragonés
Entre este año y el que viene serán en total casi 20.000 trabajadores asiáticos los que trabajen de forma temporal en la planta de CATL y Stellantis en Aragón

El proyecto de la gigafactoría de baterías en Figueruelas, una iniciativa conjunta entre CATL y Stellantis, se acerca a una nueva fase con la inminente llegada de los primeros trabajadores chinos. Se espera que un contingente inicial de entre 80 y 100 empleados cualificados, de un total de casi 2.000, aterrice en la provincia de Zaragoza. Aunque el secretismo en torno al proyecto es máximo, la fecha prevista para este desembarco es el 10 de octubre. Sus promotores y administraciones públicas se encuentran gestionando los permisos necesarios, reconociendo que los plazos son "muy justos", según fuentes implicadas, pero confiando en la agilización de los trámites por parte de las autoridades chinas.
El proyecto, que ha recibido más de 270 millones de euros en ayudas del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado y cuenta con una inversión total que supera los 4.000 millones de euros, es de vital importancia para el futuro industrial de la región. Se estima que la planta creará unos 3.000 empleos estables. Sin embargo, en la fase de construcción, la empresa china ha decidido traer a sus propios empleados, lo que implicará la estancia temporal de alrededor de 1.850 trabajadores asiáticos entre 2025 y 2026. Esta situación plantea un desafío logístico y habitacional para las administraciones aragonesas y locales, que trabajan para dar una respuesta adecuada.
Un marco legal para una llegada masiva
Para gestionar la llegada de este personal cualificado, las autoridades se están apoyando en un marco legal específico. La Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, aprobada durante el Gobierno de Rajoy, será la figura legal que facilitará el proceso de visados y autorizaciones de residencia. Esta normativa introduce supuestos de "interés económico" para agilizar los trámites, con el fin de atraer inversiones a España.
Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se ha confirmado que ya "se están concediendo algunas autorizaciones", si bien no han ofrecido cifras exactas del personal que se espera en Figueruelas. La regulación permite que los visados tengan una validez de un año. La tramitación de las autorizaciones se realizará a través de la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos por medios telemáticos, con un plazo máximo de resolución de veinte días desde la presentación de la solicitud. Este mecanismo legal es clave para que un proyecto de esta magnitud, con una llegada masiva de personal extranjero en un periodo de tiempo relativamente corto, pueda desarrollarse sin contratiempos burocráticos.
Impacto logístico y económico en la región
La llegada de un número tan elevado de trabajadores chinos, que representa aproximadamente un 50 % más que toda la población de Figueruelas, supondrá un impacto significativo en la zona. Las administraciones locales y autonómicas se enfrentan a un reto logístico considerable en términos de alojamiento, transporte y servicios básicos. Aunque la planta está situada al lado de la ya existente fábrica de vehículos de Stellantis, la magnitud de la operación de CATL es tan grande que requiere una planificación específica para garantizar una integración fluida de los trabajadores temporales en la comunidad local.
El proyecto, que busca situar a Aragón en el epicentro de la fabricación de vehículos eléctricos en Europa, es un motor económico de gran calibre. La inversión de más de 4.000 millones de euros y la creación de miles de empleos estables son un impulso que podría transformar la economía regional. Sin embargo, el éxito de la operación dependerá, en gran medida, de la capacidad de las administraciones para manejar los desafíos logísticos y burocráticos que implica el traslado y la estancia de un contingente tan numeroso de trabajadores especializados. La fecha del 10 de octubre será un primer examen para todas las partes implicadas.
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