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Mario Mingo: Financiación antitabaco

“La iniciativa podría haberse aplicado desde hace tiempo con las enmiendas a las leyes” | Dreamstime
“La iniciativa podría haberse aplicado desde hace tiempo con las enmiendas a las leyes” | Dreamstimelarazon

Mario Mingo expone su visión sobre la financiación antitabaco

MARIO MINGO

Médico y político

Hace algunos días leí en la prensa que una de las medidas que el Gobierno pretende implementar para reducir el número de fumadores en España es la financiación pública de los tratamientos de deshabituación tabáquica.

Creo que este compromiso resulta positivo si se tiene en cuenta la última encuesta «Edades» (de diciembre de 2018, del Ministerio de Sanidad), según la cual la proporción de personas de 15 a 64 años que fuma a diario en nuestro país es hoy superior a la existente antes de la Ley de 2005 (34% actual frente al 32,8% de entonces), así como las 52.000 muertes que el tabaco causa anualmente en nuestro territorio y los 7.700 millones de euros en los que se cuantifica el impacto económico que las patologías derivadas del tabaquismo (EPOC –enfermedad pulmonar obstructiva crónica–, enfermedad coronaria, cáncer...) tienen en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Constituye una propuesta necesaria para la protección de la salud de los ciudadanos y la optimización de los recursos existentes, pero debo decir también que esta iniciativa podría estar aplicándose desde hace mucho tiempo si se hubieran tenido en cuenta las enmiendas que en este sentido defendí como diputado en las tramitaciones parlamentarias de las leyes aprobadas en 2005 y 2010.

Más allá de la morbimortalidad producida por el tabaco que se hubiera evitado si las terapias se financiasen desde hace 14 años, nunca es tarde si la dicha es buena, como dice el refrán.

No obstante, la dicha ha de convertirse en tangible en el corto plazo y venir acompañada de más medidas que disminuyan el número de fumadores siguiendo los criterios validados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), las sociedades científicas y los colegios profesionales; medidas centradas en la preservación del bienestar que tanto el Gobierno como las Cortes han de impulsar desde lo establecido en la Estrategia de promoción y prevención del SNS aprobada en 2013.