El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha puesto en conocimiento de la Fiscalía las intervenciones del diputado de Vox en el Parlament balear, Sergio Rodríguez, y de la organización Plataforma 2025 por supuestos actos de “exaltación de la sublevación militar, de la guerra y de la dictadura”.

Según ha informado el titular del departamento, Ángel Víctor Torres, en un mensaje publicado en la red social X, ambas acciones podrían suponer un “descrédito, menosprecio o humillación a las víctimas o a sus familiares”, en aplicación de la Ley de Memoria Democrática.

En su intervención en la Cámara autonómica, el parlamentario de Vox evocó el llamado 'Día de la Victoria', en alusión al final de la Guerra Civil española y el triunfo del bando franquista. Esta mención ha sido interpretada por el Gobierno como una exaltación del régimen dictatorial y un menosprecio a las víctimas de la represión.

Un presunto delito de odio

“Los demócratas tenemos el deber moral y legal de preservar la memoria y la dignidad de las víctimas de una atroz dictadura que padecimos durante 40 años”, ha afirmado Torres, quien ha solicitado a la Fiscalía que investigue si los hechos pueden constituir un delito de odio o encajar en alguna otra tipología penal recogida en el ordenamiento jurídico.

Desde el Gobierno recuerdan que la Ley de Memoria Democrática, en vigor desde octubre de 2022, establece que cualquier manifestación pública que ensalce el franquismo o humille a sus víctimas puede ser objeto de sanción, e incluso de reproche penal si se acredita un componente de incitación al odio o violencia.

Críticas del PSOE al PP

El episodio ha reavivado el enfrentamiento político entre el PSOE y el PP. Hace apenas dos días, los socialistas acusaron a los populares y a su presidente, Alberto Núñez Feijóo, de “ponerse de perfil” ante las palabras del diputado de Vox. Desde Ferraz sostienen que la reivindicación de la victoria franquista supone una línea roja que no debe ser tolerada en democracia.

“El silencio del PP ante este tipo de declaraciones es preocupante”, apuntan fuentes socialistas, que reclaman una respuesta clara por parte del principal partido de la oposición.

En paralelo, asociaciones memorialistas han mostrado su apoyo a la iniciativa del Gobierno y han insistido en la necesidad de aplicar la ley con firmeza para evitar retrocesos democráticos.

Desde Vox, por su parte, defienden que las palabras del diputado se enmarcan en la libertad de expresión y acusan al Ejecutivo de “instrumentalizar la memoria histórica con fines partidistas”.