Puig abona el terreno independentista

Isabel Bonig que el Gobierno de España está en funciones, inactivo, y por ello ninguno de los problemas territoriales puede ser resuelto

España vive uno de esos momentos en los que son tantos los agujeros abiertos por la irresponsabilidad del Gobierno y sus oportunistas socios que sería mejor tomar decisiones para poner el contador a cero y que la ciudadanía se pronunciara sobre qué opción política ve mejor para sacar al país del atolladero en el que se encuentra.

Las dimisiones de dos ministros, el descrédito absoluto de Dolores Delgado con afirmaciones de una enorme gravedad, con tintes machistas, unas, y con insinuación de la comisión de delitos, otras, nos sitúan en la órbita de descomposición de este Gobierno en un tiempo récord.

Pedro Sánchez se ha ido de gira para ver si la tormenta que se cierne sobre su gabinete amaina y, de paso, también la que gravita sobre su persona por el presunto plagio que cometió en su tesis doctoral y que no ha podido explicar de manera convincente.

El Gobierno de España está en funciones, inactivo, y por ello ninguno de los problemas territoriales puede ser resuelto. En Cataluña sigue plegado a los golpistas y a los independentistas a quienes, además, les va a hacer una aportación de 1.459 millones de euros para infraestructuras y la policía autonómica catalana. Ese agravio se ve con estupor desde la Comunidad Valenciana pero el presidente regional, Ximo Puig, no ha abierto la boca, ni siquiera ha levantado la mano para decir: “Qué hay de lo mío”.

La división interna del PSOE donde manda la parte complaciente con los independentistas tiene su réplica en la Comunidad Valenciana donde Puig sigue arrodillado ante Compromís que ha implantado la misma hoja de ruta de liquidación del proyecto común de España que se escribió en Cataluña hace varias décadas con los resultados conocidos hoy en día.

Puig abona el terreno independentista entre los valencianos por inacción o –cada vez estoy más segura de ello– por convencimiento personal. No hay otra forma de entender que, después de treinta sentencias que tumbaron el decreto de chantaje lingüístico que obligaba a los padres a elegir la línea en valenciano en las escuelas para que sus hijos tuvieran más horas de inglés, en la actual ley se haya recogido ese espíritu fielmente.

Esa norma vigente recoge el chantaje desde los artículos 13 al 17 y en una de sus disposiciones adicionales. Esa falta de libertad e imposición da una idea de la obsesión con arrinconar el castellano y todo aquello que nos une como españoles y Puig debería escuchar a los padres que se han manifestado esta legislatura frente a ese intento de dirigismo en la joya de la corona social que es la educación. Por si acaso el grupo popular en el Senado esta semana ha instado al Gobierno a que defienda a las víctimas de este atropello lingüístico en Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares.

Puig y su Consell siguen destinando el dinero a encender esa llama nacionalista que jamás prendió en nuestra tierra. La última ha sido una exposición con un coste de 110.000 euros para el erario público en la que se pueden observar banderas independentistas catalanas y cargas policiales, presentando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como “monstruos”.

Este gobierno autonómico de Puig debe evitar la agonía a los valencianos de esperar ocho meses para poder cambiar el rumbo en las urnas. El adelanto electoral es urgente porque sube el paro, no se remodela el sistema de financiación dañino para los valencianos, se coarta la libertad en educación y sanidad o se ponen trabas para que el agua llegue a nuestro territorio con la petición del aumento de la reserva ecológica que supondría la muerte del trasvase Tajo-Segura.

Puig en esta última materia ha sido vapuleado por su compañero Emiliano García-Page. También ha sido desautorizado por el ministro José Luis Ábalos al ignorar la necesidad de cambiar el sistema de financiación o impidiendo que se presente bajo las siglas del PSOE el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, detenido en la operación Alquería y que Puig quiere proteger.

Si al menos el adelanto electoral llegara a nivel nacional, supondría un alivio para los ciudadanos que asisten atónitos al desmoronamiento del Gobierno de España y a la actuación de Sánchez que usa el Falcon para ir a un festival maravilloso pero privado como es el FIB, o que usa el helicóptero para asistir a la boda de su cuñado, mientras le sube los impuestos a los coches de más de diez años que utilizan combustible diésel.

Impuestos a los trabajadores, caída del IBEX en 11.000 millones de euros, descrédito nacional e internacional, sumisión a los independentistas y falta de ejemplaridad son algunos de los “éxitos” del Gobierno de Sánchez, indicadores que comparte con el Consell de Ximo Puig donde, además, el sectarismo ideológico es el motor de la acción ejecutiva.

Hagan un favor a los españoles: convoquen elecciones y dejen que la libertad, la cordura, la apuesta por la marca España y el respeto a las instituciones se impongan sobre cualquier prejuicio ideológico trasnochado. Denle la voz a los ciudadanos.