Canarias reprocha la lentitud en el traslado de menores migrantes y exige al Estado cumplir el auto del Supremo

El Gobierno de Canarias ha vuelto a mostrar su malestar por la escasa rapidez con la que se están trasladando los menores migrantes no acompañados desde las Islas hacia la Península. Aunque el Ejecutivo central ha expresado su disposición a colaborar, el Ejecutivo autonómico considera que los avances son mínimos y que el Estado aún no ha cumplido con lo establecido por el Tribunal Supremo en materia de reparto y atención a estos jóvenes.

"Seguimos insistiendo, si por parte del Gobierno del Estado se quiere cumplir con Canarias y con el auto del Tribunal Supremo, tienen a disposición los más de 80 menores que están en el 'Canarias 50' que siguen estando en las Islas", afirmó el viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello. Según explicó, se trata de jóvenes con expediente completo y listos para salir de manera inmediata, por lo que no ve justificación para que el proceso continúe a cuentagotas.

En su diagnóstico, la salida de adolescentes no acompañados desde las Islas hacia otros territorios se produce, aunque sin la celeridad que exige una situación que el Ejecutivo autonómico califica de emergencia. De ahí que, en paralelo, el Gobierno regional haya programado para la misma jornada una reunión bilateral con el Estado con el objetivo de revisar expedientes, contrastar datos y acelerar derivaciones.

"Volveremos a poner encima de la mesa cuál es el diagnóstico, cuál es la situación y cuál es la evolución de los expedientes que están puestos a disposición del Ministerio", añadió Cabello. El plan del gabinete canario pasa por empujar un calendario efectivo de traslados que permita aliviar la presión en recursos de acogida y rebajar el hacinamiento que denuncian los responsables insulares.

La prioridad del archipiélago es despejar los expedientes que ya están verificados. "A partir de ahí, seguir trabajando en revertir la situación de hacinamiento y de emergencia migratoria que seguimos viviendo en la comunidad autónoma", remachó el viceconsejero. Mientras tanto, el Gobierno regional mantiene la exigencia de que se cumpla el reparto acordado y que la respuesta del Estado esté a la altura del volumen de llegadas y de la tutela que, por ley, recae sobre el Archipiélago hasta que se formalice cada traslado.