Ordenan el cierre de un centro con 148 menores inmigrantes en Gran Canaria por una investigación judicial sobre presuntos malos tratos

El Juzgado de Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria ha ordenado este jueves el cierre inmediato del centro de acogida ‘José García’, en Arinaga (sureste de Gran Canaria), donde residían 148 menores inmigrantes no acompañados. La medida forma parte de una ampliación de la investigación judicial que se sigue contra la asociación Quórum Social 77, entidad que gestiona recursos de protección de menores para el Gobierno de Canarias.

La operación, que permanece bajo secreto de sumario, se inició tras la clausura en mayo del centro ‘Fortaleza I’, en Santa Brígida, que acogía a 45 menores. Aquella intervención judicial se produjo a raíz de una denuncia impulsada por la Consejería de Bienestar Social, en la que se adjuntaron testimonios de menores que denunciaban malos tratos físicos, insultos de carácter racista, y amenazas. Junto a los testimonios se presentaron informes médicos que apuntaban a posibles delitos de lesiones, odio, omisión del deber de impedir delitos, contra la integridad moral y amenazas.

La nueva fase de la investigación ha incluido seis entradas y registros practicados este jueves, dos de ellos en centros de acogida de Arinaga y Firgas, además de la sede de Quórum Social 77 en la capital grancanaria, situada en la calle Viera y Clavijo. Durante el operativo, la Policía Canaria ha detenido a dos personas presuntamente vinculadas con los hechos. Aunque sus identidades no han sido oficialmente confirmadas, el diario Canarias 7 señala que se trataría de la presidenta de la asociación, Delia G., y del director de centros, Enrique Q.

El Gobierno de Canarias ha confirmado que, por el momento, solo ha recibido la orden de cerrar el centro de Arinaga, donde ya se está trabajando para reubicar de forma urgente a los menores afectados. Fuentes de la Consejería de Bienestar Social han explicado que la intervención se ejecuta en cumplimiento de las instrucciones judiciales, y subrayan que colaboran plenamente con la investigación.

En declaraciones desde la isla de La Palma, donde participaba en un acto en el Observatorio del Roque de los Muchachos, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, expresó su “máxima preocupación” por la gravedad de los hechos. El nacionalista recordó que la comunidad autónoma tutela actualmente a más de 5.500 menores inmigrantes no acompañados, y advirtió que la presión sobre el sistema de acogida hace muy difícil garantizar un control exhaustivo en todos los recursos.

“Llevamos tiempo alertando de que algo así podía ocurrir. Esperamos que se trate solo de este caso y no de una situación más extendida”, señaló el presidente, que insistió en que el número de menores bajo tutela supera ampliamente la capacidad del sistema.