En vísperas de la cumbre con Marruecos, el Frente Polisario ha señalado sin rodeos al Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de haber entregado terreno político y moral a Rabat hasta el punto de comprometer intereses propios de España. Su representante en Madrid, Abdulah Arabi, advierte de que la estrategia de concesiones impulsada por La Moncloa ha facilitado el avance marroquí en el Sáhara Occidental y sostiene que, si ese dominio se consolida, “el siguiente objetivo será Canarias”.

Arabi recuerda que han pasado casi 50 años desde la retirada española y la entrada del Ejército marroquí en el territorio y sostiene que los saharauis cuentan “con la experiencia suficiente como para poder advertir fundadamente a España que si no pone freno a las pretensiones expansionistas de Marruecos, una vez consolidada la ocupación del Sáhara Occidental, el siguiente objetivo será Canarias”. En vísperas de la cita en la capital, el representante del Polisario se muestra convencido de que “Marruecos impondrá la agenda y los acuerdos según sus necesidades e intereses exclusivos” mientras el Gobierno se limita a gestionar las consecuencias.

El dirigente saharaui reprocha al Ejecutivo que intente presentarse como mero observador del conflicto cuando, en realidad, arrastra una responsabilidad que el derecho internacional sigue reconociendo. Recuerda al gabinete de Sánchez que “a pesar de la evasión de responsabilidades que intentó mediante los Acuerdos Tripartitos de Madrid” firmados en 1975, “sigue siendo potencia administradora del territorio actualmente” y pone como ejemplo que “España sigue gestionando el espacio aéreo del Sáhara Occidental”.

La crítica se concentra en el giro que el presidente dio en marzo de 2022 al respaldar el plan marroquí de autonomía para el Sáhara, lo que supuso abandonar la tradicional neutralidad española en el marco de Naciones Unidas. Arabi sostiene que Sánchez “dinamitara en marzo de 2022 el mayor consenso de la política exterior española existente hasta la fecha” y subraya que ese consenso se apoyaba en no tomar partido por ninguna de las partes y en mantener el compromiso con un referéndum de autodeterminación. La carta enviada a Mohamed VI abrió una brecha con la oposición y con varios socios parlamentarios, que acusaron al Gobierno de asumir la narrativa marroquí a cambio de una calma diplomática frágil y condicionada.

Frente a estas críticas, La Moncloa vende la cumbre como la prueba de una relación “estratégica” con Marruecos, apoyada en la reducción de llegadas irregulares a Canarias, en proyectos energéticos compartidos y en el escaparate del Mundial de fútbol de 2030 que ambos países organizarán junto a Portugal. Sin embargo, asuntos delicados como la apertura real de las aduanas de Ceuta y Melilla, la delimitación de aguas frente al Archipiélago o el futuro del espacio aéreo saharaui siguen en el aire.

El representante del Polisario subraya además que la cita “tendrá lugar en un contexto totalmente diferente a la anterior, puesto que es la primera que se producirá tras las históricas sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 4 de octubre de 2024”. Arabi recuerda que “el Tribunal reconoció el estatuto separado y distinto del territorio del Sáhara Occidental respecto del de Marruecos y la ausencia de soberanía marroquí sobre el territorio, habida cuenta de que quien ostenta el derecho a la autodeterminación sobre el territorio es el pueblo saharaui”. Esas resoluciones tumbaron acuerdos comerciales y pesqueros que incluían recursos saharauis sin el consentimiento de su población y dejaron al Ejecutivo español en una posición incómoda, defendiendo el plan de autonomía marroquí mientras la justicia europea se inclina por la tesis de la autodeterminación.

En Canarias, el mensaje ha encendido las alarmas. El Gobierno regional y distintos colectivos sociales reclaman explicaciones claras ante el temor de que la letra pequeña de la RAN incluya cesiones sobre aguas o sobre la posible explotación de yacimientos como Monte Tropic, además de cambios en la gestión de un espacio aéreo clave para la seguridad y el turismo del Archipiélago. Las respuestas del ministro de Asuntos Exteriores, que insiste en que todas estas cuestiones son competencia exclusiva del Estado, no han calmado las sospechas sobre hasta dónde está dispuesto a llegar el Ejecutivo para que Rabat consolide su control de facto sobre el Sáhara.

Ante este panorama, Arabi ha dejado claro que el Frente Polisario “permanecerá vigilante de cuantos acuerdos se alcancen en la RAN por su posible afectación” a la antigua colonia española y ha advertido de que, si considera vulnerados los derechos saharauis, el movimiento “transitará cualquier vía a su alcance en defensa de los intereses legítimos del pueblo saharaui en virtud de su condición de legítimo representante”.