Desde Tenerife, y arropado por la dirección socialista, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha vuelto a mostrar este viernes una "confianza absoluta" en la justicia frente a las derivadas del caso Mascarillas, aunque su discurso ha sonado más a cierre de filas que a transparencia. El también expresidente de Canarias intentó presentar el informe de la Guardia Civil como un aval personal y político, al tiempo que sugería que quienes esperaban verle en una situación comprometida se han quedado "con la miel en los labios", como si la ausencia de imputación bastara para despejar toda sombra sobre la gestión de los contratos sanitarios durante la pandemia.

En sus declaraciones ante los medios, el ministro trató de deslegitimar por completo al empresario Víctor de Aldama, investigado como presunto conseguidor de la trama, y calificó sus señalamientos como una historia "rocambolesca". El ministro recordó que la UCO descartó acusaciones tan graves como fiestas con mujeres explotadas, cobro de comisiones ilegales o reuniones sobre refinerías clandestinas en Canarias, y reprochó que se haya intentado encontrar responsabilidad "donde no la hay".

Torres insistió en que el Tribunal Supremo solo ha abierto causa contra tres personas y que la Audiencia Nacional ha hecho lo propio con otras dos, sin que su nombre aparezca en ninguna de esas listas. A partir de ese dato construyó un relato en el que él aparece como víctima de una "farsa absoluta" impulsada por adversarios que habrían alimentado expectativas infundadas. El ministro obvió que, más allá de las decisiones judiciales, la ciudadanía mantiene derecho a exigir claridad sobre los procedimientos, los intermediarios y los criterios que permitieron adjudicar contratos millonarios de material sanitario a empresas que hoy están bajo la lupa.

Después de reivindicar su inocencia, el responsable de Política Territorial trató de girar el foco hacia la agenda del Gobierno, apelando a la necesidad de hablar de vivienda, sanidad, servicios públicos y carreteras saturadas. Con ese movimiento, dejó en segundo plano el debate sobre la rendición de cuentas, como si el interés de los ciudadanos por la vida diaria fuera incompatible con la exigencia de explicaciones sobre el uso de fondos públicos durante la pandemia.