El alcalde de Fontanar fue detenido en 2019 tras la denuncia de dos trabajadoras y dos concejales del Ayuntamiento
Víctor San Vidal fue juzgado por los supuestos delitos de falsedad continuada en cargo público, malversación de caudales públicos, administración desleal y apropiación indebida
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En julio de 2019, tras las denuncias de dos concejales del partido "Unidas Fontanar" y de dos trabajadoras del Ayuntamiento de Fontanar, hubo un registro en el ayuntamiento del municipio de la provincia de Guadalajara donde poco después la Guardia Civil detuvo al alcalde de la localidad, Víctor San Vidal, que posteriormente fue puesto en libertad con cargos.
Cabe señalar que una de las trabajadoras fue despedida tras denunciar al consistorio por vulneración de derechos.
“Queremos denunciar que en este país no se protege a quienes denuncian las irregularidades y casos de corrupción”, expresó en rueda de prensa, Enrique Pérez, quien fuera concejal de Unidas Fontanar.
El alcalde del municipio de 2.600 habitantes, quien ha dimitido recientemente tras la viralización de un vídeo donde llama "tonta y retrasada mental" a una trabajadora, fue juzgado en octubre 2022 cuando la Fiscalía pedía 10 años de prisión para él por los supuestos delitos de falsedad continuada en cargo público, malversación de caudales públicos, administración desleal y apropiación indebida tras volverse a remitir la investigación por la denuncia de los dos concejales de Unidas Fontanar y las dos trabajadoras municipales.
Una de las causas que recogían la denuncia era la adjudicación de unas obras a la madre de un amigo íntimo por parte del alcalde. En este sentido, Víctor San Vidal concedió un contrato de obra pública a una empresa inexistente, sin experiencia y cuya administradora era la madre del jefe de Protección Civil y amigo íntimo suyo.
Finalmente, un mes más tarde, en noviembre de 2022, la Audiencia Provincial de Guadalajara absolvió de los cargos imputados al alcalde de Fontanar, al considerar que los hechos probados en el pasado juicio de octubre no se ajustaban a los delitos de los que se le acusaba por parte del ministerio público.