Política

Castilla y León

Las Cortes piden al futuro Gobierno una tarjeta sanitaria única para toda España

El acuerdo entre Psoe y Podemos sigue muy presente en la segunda sesión del Pleno, en el que Vox se queda solo en su propuesta de derogar el Decreto de Memoria Histórica, y se une a PP y Cs para rechazar que la Ley LGTB se tramite de manera inmediata

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, conversa con la consejera de Sanidad, Verónica Casado, en un momento del pleno de las Cortes
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, conversa con la consejera de Sanidad, Verónica Casado, en un momento del pleno de las CortesMiriam ChacónIcal

Si se esperaban unas Cortes aburridas esta legislatura, nada más lejos de la realidad. Las dos sesiones plenarias de esta semana así lo avalan, con intensos debates en el hemiciclo, votaciones dispares y apoyos de unos a otros y de otros a unos indistintamente para aprobar o rechazar iniciativas.

Una de las que salía adelante y que supone los primeros deberes que Castilla y León pone al próximo Gobierno de España, era la que impulsaba el PP para reclamar al futuro Ejecutivo que ponga en marcha antes de 2020 una tarjeta sanitaria única para todo el territorio nacional. La proposición no de Ley se aprobaba con el apoyo de PP, Cs, UPL, Por Ávila y Vox, mientras que desde el PSOE argumentaban su rechazo en que este debate ha llegado demasiado tarde porque los problemas que supuestamente solucionará esta tarjeta sanitaria única «ya no existen».

La iniciativa reclama también al Gobierno que favorezca que los profesionales sanitarios accedan a los datos clínicos y de tratamiento del paciente desde cualquier punto del Sistema Nacional de Salud.

Por otro lado, se daba luz verde y por unanimidad, aunque a regañadientes en el PSOE, a otra iniciativa del PP que pide a la Junta que resuelva las convocatorias de ayudas para paliar las pérdidas en el campo por la sequía. Los populares aceptaban una enmienda de Cs que demanda al próximo Ejecutivo que defienda en Europa los intereses agrarios de esta Comunidad.

El Pleno dejaba también el freno por parte de PP, Cs y Vox a la tramitación de la Ley LGTB que impulsaba el PSOE, a la espera de que la Junta tenga listo su proyecto «para evitar duplicidades», así como el rechazo unánime de todos los grupos a la intención de Vox de derogar el Decreto Autonómico de Memoria Histórica, aprobado la pasada legislatura con el consenso de todos los grupos parlamentarios.

Un debate en el que los procuradores socialistas mostraban su desprecio a la formación de Abascal saliendo en masa del hemiciclo para no escuchar la defensa que hacía de la propuesta el parlamentario de Vox, Jesús García Conde, y en el que el propio vicepresidente Francisco Igea pedía la palabra al final, para salir en defensa de este decreto así como de Ángel Hernández como presidente asesor de la Memoria Histórica de Castilla y León, y para cargar contra Vox «por cabalgar a lomos del odio».

No se cambian cromos

El día seguía con la resaca del abrazo entre Sánchez e Iglesias y las consecuencias de la debacle electoral de Cs. Por un lado, el presidente Fernández Mañueco apelaba a la «serenidad» ante la propuesta de su vicepresidente de replantearse su apoyo en la Junta si el PSOE da marcha atrás a su acuerdo con Podemos, mientras que este último partido animaba a Francisco Igea a dar este paso para que la Región «deje de ser tratada como una dote».

El socialista Luis Tudanca, por su parte, insistía en que él no será presidente de Castilla y León «a cualquier precio» y defendía que el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos «vendrá bien a la Comunidad para evitar, entre otras cosas, el chalaneo entre PP y Cs». Mientras que desde Madrid, el secretario general en funciones de Cs, José Manuel Villegas, eliminaba cualquier opción de cambio en la Comunidad, al desautorizar a Igea. «En Ciudadanos no vamos a intercambiar cromos», afirmaba, contundente.

Las 35 horas tendrán que esperar un poco más

PP y Cs rechazaban una moción del PSOE que buscaba el apoyo de las Cortes para aplicar ya la jornada laboral a 35 horas en los empleados públicos así como favorecer su carrera profesional en un procedimiento de acceso extraordinario que deberá estar resuelto antes de junio. PP y Cs votaban en contra y, tras expresar su compromiso con ambas medidas, apelaban a la negociación sindical.