Igea al Gobierno: “No estamos dispuestos a que nos ninguneen"

El traslado de 69 migrantes a Soria durante el estado de alarma sigue dando que hablar. La falta de comunicación desde el Gobierno central a la Junta para informar de ese viaje, que ha conllevado siete nuevos positivos por coronavirus en la provincia al estar una de las personas trasladadas enferma, ha molestado en el Ejecutivo autonómico. Así, el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, cargaba contra el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y le advertía de que “no están dispuestos” a que les “ninguneen".

En este sentido, señaló que con esta actuación el Gobierno “pudo poner en riesgo el control de la epidemia que tanto trabajo a costado en una provincia como Soria", la más afectada por la enfermedad de toda España según los datos preliminares de la segunda oleada del estudio de seroprevalencia de Sanidad.

Así, reiteraba que, como expresó a la Secretaria de Estado de Migraciones, la Junta “quiere ayudar” y “no tiene problemas para acoger a la gente", para lo que hay "disposición total”, pero insistía en que deberían haber informado al Ejecutivo, para conocer las necesidades del traslado y evitar posibles rebrotes. Además, exigía un “protocolo mas claro” sobre la posible cuarentena de estas personas o la realización de una prueba porque “una de esas cosas hay que hacer”.

También ironizaba Igea con la “tradición” de las autoridades soriana de pedir dimisiones, " algo que “sorprendentemente no ha ocurrido en este asunto”. “Hace una semana estaban pidiendo un montón de dimisiones y esta costumbre parece que depende de qué color político es el cargo, más que de la gravedad de los asuntos, lo que evidencia lo que hay detrás de ciertas peticiones no es el interés general”, argumentaba.

“Gente dura de entendederas”

Otro de los asuntos que sigue sobre la mesa es la apertura, o no, de los consultorios rurales. Mientras el PSOE pide que se vuelva a la atención presencial, desde la Junta insisten en que la consulta telefónica debe ser el “filtro” para derivar a los pacientes a las diferentes vías de recepción en función de si hay sospecha de covid o no, algo que no se podría hacer con todas las garantías en todos los ambulatorios, como sí se realiza en los 247 centros de salud de Castilla y León. En este punto muerto, los socialistas son los únicos que no han designado aún a su técnico para la mesa de Sanidad dentro del Pacto de Comunidad frente a la crisis.

Por ello, Francisco Igea afirmaba que “todos” con los que han hablado sobre por qué no se reabren los consultorios locales “lo han entendido” pero “hay gente más dura de entendederas”, y subrayaba que su apertura sin circuitos limpios aumenta la difusión del virus.

Tanto es así, que añadía que la demanda del PSOE sobre los consultorios “es difícil de entender” y “poco comprensible”, lo que vinculaba con lo que ve como una costumbre del PSOE de “agitar una bandera y no dar una solución”, al tiempo que defendía que incrementar la movilidad de personal de riesgo como los sanitarios por pueblos, que en algunos casos no han registrado contagios, podría significar aumentar las infecciones y “poner en riesgo a una población muy vulnerable”.

Además, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, reconocía haber pedido al ministro de Sanidad, el socialista Salvador Illa, que explique a sus compañeros de Castilla y León las razones por las que actualmente no pueden tener actividad presencial los 3.600 consultorios sanitarios rurales de la Comunidad.

En relación a la propuesta socialista de que se dote a los consultorios de los circuitos covid, Igea y Casado apuntaban a la inversión y planificación al recordar que existen 3.600 consultorios locales, algunos pequeños, que no permiten el triaje, aunque la consejera admitía que en otros más grandes se podría atender a los paciente en franjas horarias distintas.