La ciudadanía podrá participar en el Anteproyecto de la Ley de Transparencia

La Junta sigue dando pasos para ser lo más abierta posible. Por ello, la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior ha publicado en el Portal de Gobierno Abierto el anteproyecto de una nueva Ley de Transparencia para Castilla y León, uno de los principales compromisos políticos para la presente legislatura.

El foro de participación habilitado estará disponible hasta el próximo 25 de junio para poder conocer el texto propuesto e incorporar sugerencias y propuestas. “Esta norma plantea una verdadera política de transparencia con la que seguir fortaleciendo la democracia y el funcionamiento de las instituciones, mejorar la vida de los ciudadanos y servir para impulsar el crecimiento y desarrollo de la Comunidad”, destacan desde el Ejecutivo autonómico.

El fomento de la participación ciudadana mediante un mejor acceso a la información -lo que facilitará una mayor presencia activa y responsable de la sociedad en los asuntos colectivos- o la mejora de la eficiencia en la gestión pública son otros objetivos que se pretenden con la nueva norma.

En este sentido, el vicepresidente y consejero del ramo, Francisco Igea, compareció en sede parlamentaria a comienzos de septiembre de 2019 para exponer el proyecto político de la Consejería. En su alocución en las Cortes, manifestó que la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la regeneración democrática y la mejora de la eficiencia administrativa “encarnan a la perfección los objetivos que queremos alcanzar en la gestión pública de Castilla y León durante estos cuatro años de legislatura”.

Con la publicación del anteproyecto se continúa avanzando en la tramitación formal de ese primer compromiso político adquirido.

Ampliación del ámbito de aplicación de la ley

Esta ley es de aplicación a la Administración General de la Comunidad de Castilla y León; las entidades que integran la Administración local de la Comunidad y las universidades públicas. De igual modo, las obligaciones de esta ley se aplicarán a sus entidades vinculadas, adscritas o dependientes.

La ley se aplicará en lo que expresamente se establezca a las Cortes de Castilla y León, el Procurador del Común, el Consejo de Cuentas, el Consejo Consultivo, el Consejo Económico y Social y las autoridades administrativas independientes que se puedan crear, así como –en algunos aspectos- a las corporaciones de derecho público y federaciones deportivas.

Es reseñable que la ley de transparencia será aplicable en cuanto a las obligaciones de publicidad activa a dos ámbitos más. El primero, los partidos políticos, las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales que desarrollen su actividad en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, así como las federaciones de partidos, las agrupaciones de electores y las asociaciones y fundaciones a estos vinculadas.

El segundo, las entidades privadas que perciban ayudas, subvenciones, aportaciones dinerarias o traspaso de fondos en cuantía superior a 50.000 euros en cómputo anual procedentes de alguno de los sujetos afectados por el ámbito de esta ley, o cuando al menos el 40 por ciento del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.

Derecho de acceso a la información

La regulación del derecho de acceso a la información pública va dirigida claramente a la eliminación de cualquier obstáculo que dificulte su reconocimiento y ejercicio, partiendo de un principio general favorable al acceso.

Con esta finalidad se articula la posibilidad de que cualquier persona pueda formular consultas con el fin de resolver las dudas que surjan en torno al ejercicio de este derecho, consultas que deberán ser atendidas en el menor plazo posible de tiempo.

Más de 50 peticiones de información

Por otro lado, la Consejería de Transparencia incluyó en el Plan de Continuidad de la actividad de la Administración de la Comunidad de Castilla y León con motivo de la Civud-19 la gestión del derecho de acceso a la información pública entre los servicios y funciones imprescindibles.

Desde la declaración del estado de alarma y hasta el 14 de mayo, la Junta tramitó un total de 58 peticiones de acceso a la información, 14 de ellas específicas sobre asuntos relacionados por la crisis sanitaria. La Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno ha remitido dos informes al Procurador del Común para dar respuesta a una actuación de oficio iniciada por esta institución propia de la Comunidad.