Cerca de 1.100 millones de inversión para reconstruir Castilla y León

Muchos días de negociaciones, de tiras y aflojas pero al final Castilla y León ha vuelto a dar un ejemplo de como a través del diálogo y el consenso se puede llegar a la meta. Y más en un escenario como el actual, donde la pandemia del coronavirus ha causado estragos sociales y económicos de envergadura. En un acto sencillo, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, junto al vicepresidente, Francisco Igea, han suscrito un histórico Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en la comunidad con los portavoces parlamentarios del PSOE, Luis Tudanca, del PP, Raúl de la Hoz, de Ciudadanos, David Castaño, de Podemos, Pablo Fernández, y de Por Ávila, Pedro José Pascual, que contempla 86 medidas económicas, sanitarias y sociales. A última hora se desmarcaba Vox que se sumaba también a la negativa de la Unión del Pueblo Leonés (UPL).

Un texto extenso y de calado con una proyección inversora en los próximos años de 1.094 millones de euros y para su realización va a contar con las recomendaciones y el apoyo de la la sociedad civil, ya que los primeros puntos de este documento insisten en la creación de un Grupo de Expertos de la Sociedad por la Comunidad así como la constitución de una Conferencia de la Sociedad de la Comunidad.

Las grandes cifras de este documento son las siguientes:

• 728 millones de euros para la elaboración de un Plan de Inversiones Sociales Prioritarias para el periodo 2021-2025, que establezca la planificación de las infraestructuras y equipamientos de carácter sanitario, educativo y social.
• 250 millones destinados a un fondo para la recuperación de la Sanidad. Con ello se pretende reforzar la Atención Primaria, con la contratación de profesionales y suministros sanitarios; refuerzo de los dispositivos de Salud Pública; mejorar la estructura y la dotación de las Unidades de Cuidados Intensivos; refuerzo de la asistencia a emergencias; establecimiento de un sistema de compra y aprovisionamiento de equipos de protección; o potenciar la recuperación de la actividad ordinaria y la reducción de demoras en operaciones, consultas o pruebas diagnósticas.
• 80 millones para un Fondo Extraordinario Covid-19. La mitad se transferirá a las Corporaciones Locales para actividades relacionadas con el empleo y la inversión y la otra se gestionará al 50 por ciento por parte de la Junta y las Entidades Locales para finalidades relativas a Servicios Sociales y Protección Social de las personas y colectivos más afectados por la crisis.
• 25 millones para el sector agrario y agroalimentario. La Junta llevará a cabo un conjunto de medidas adicionales para atender las nuevas situaciones en la cadena alimentaria derivadas de la crisis covid-19.
• 11 millones en recursos para Educación. Se dotará de 3 millones de euros para ayudas directas a familias en situación vulnerable, con hijos en edad escolar, para el acceso a ordenadores y conexión a internet y otros ocho millones para una convocatoria extraordinaria de becas para estudiantes de Bachillerato, Formación Profesional y Universidad.

La Sanidad es, sin duda el principal campo de batalla, en este plan de reconstrucción, debido a la escasez de recursos en los primeros días de la pandemia y, en especial, por el sobreesfuerzo que ha realizado en todo este tiempo el personal sanitario. Es por ello que se va a trabajar en definir un nuevo modelo de ordenación, teniendo en cuenta los aspectos sociales y territoriales. Se quiere avanzar en un nuevo modelo de Atención Primaria, ofreciendo el máximo nivel de calidad en la asistencia sanitaria y se va a establecer una estrategia ante el riesgo de repunte de la pandemia.

Asimismo, el plan mejorará la estructura y la dotación de las Unidades de Cuidados Intensivos de los Hospitales; se va a avanzar en la investigación en Ciencias de la Salud, incentivando la cooperación con centros nacionales e internacionales y la incorporación de nuevos instrumentos de evaluación de la calidad del sistema sanitario.

En el ámbito de la Economía y el Empleo, se va a estimular el crecimiento económico y la creación y mantenimiento de puestos de trabajo; más liquidez para autónomos y pymes; el aplazamiento de tributos autonómicos así como el diseño de un Plan de Promoción Industrial.

Además, se pretende extender la banda ancha y la telefonía móvil a todos el territorio y se harán planes y estrategias de acción para el sector de la automoción y del comercio, así como el hostelero, cultural y turístico.

Respecto a la Protección Social, será primordial una revisión del Modelo de Atención Residencial, con el refuerzo de la estructura y el plan de inspecciones anual. Para ello se elaborará una Ley y se trabajará en incrementar un 25 por ciento las plazas residenciales a lo largo de los próximos tres años, así como un tercio las plazas de convalecencia socio-sanitaria.

Se va a solicitar al Gobierno la gestión del Ingreso Mínimo Vital y se ampliará la Red de Distribución de Alimentos y las Ayudas de Emergencia Social, además de crearse una línea de ayudas dirigidas al tercer sector y reforzar los servicios de atención a las víctimas de violencia de género.

En lo que se refiere a los Servicios Públicos, se va a impulsar la administración electrónica tendente a ampliar la fórmula del teletrabajo entre los funcionarios públicos así como garantizar la equidad educativa, abordando la brecha digital y potenciando programas de ayuda así como la reducción de las tasas universitarias de primera matrícula para el próximo curso.

También se trabajará en implantar Centros Integrados de Formación Profesional en poblaciones rurales de tamaño medio y la elaboración de una nueva Ley de Ciencia para relanzar políticas eficaces.

Por último, en cuanto a Financiación, se va a fortalecer la coordinación con la administración local y el compromiso con las entidades locales, se va a afianzar la posición común de la la Comunidad ante la negociación de la nueva PAC y solicitar al Gobierno una distribución equilibrada y justa del marco de estabilidad presupuestaria, así como el planteamiento de medidas que supongan un tratamiento fiscal favorable para el ámbito rural.