La enseñanza concertada de Castilla y León se rebela contra la Ley Celaá

La enseñanza concertada en Castilla y León, desde la patronal como sindicatos y federaciones de asociaciones de padres se han sumado a la Plataforma Más Plurales, desde la que se impulsa la campaña “Más plurales, más libres, más iguales. Hacia una escuela realmente inclusiva, con todos y para todos”, que pretende defender la protección y la continuidad de la pluralidad educativa ante el daño que puede causar la aprobación de la ley Celaá.

“La Lomce vulnera derechos reconocidos en la Constitución, reduce progresivamente la enseñanza concertada y atenta contra la pluralidad educativa”, ha explicado el portavoz de esta plataforma durante una rueda de prensa celebrada en Valladolid.

Mas Plurales representa en Castilla y León a más de 100.000 alumnos, miles de familias, más de 10.000 profesionales y 200 centros educativos, el 30 por ciento de la educación de la Comunidad educativa. “La vulneración de los derechos reconocidos en la Constitución de un gran colectivo ciudadano como el nuestro, en un momento tan delicado como este, nos lleva a alzar aún más la voz para pedir la protección d un modelo plural e igualitario en el que se respeten principios fundamentales como la libertad de enseñanza”, ha destacado.

A la rueda de prensa asistieron José Francisco Bernardos, secretario autonómico de FSIE Castilla y León; Lorenzo Lasa, secretario general de FEUSO Castilla y León; Ángela Melero, representante de la confederación de padres CONCAPA; Rosario Rico, presidenta de CECE Castilla y León; y Leandro Roldán, secretario autonómico de Escuelas Católicas Castilla y León, que ejerció de portavoz.

Las organizaciones enumeraron varios puntos clave que explican el retroceso de libertades sociales que puede suponer:

• La LOMLE elimina la demanda social como aspecto a tener en cuenta en la programación de puestos escolares, lo que lleva a una planificación unilateral y dirigista de la Administración, sin valorar siquiera las opciones y el interés de las familias.
• La ley se inventa un “derecho a la educación pública”, frente al único reconocido y constitucional derecho a la educación, que cabe garantizar en cualquier plaza de centros sostenidos con fondos públicos, es decir, también en concertados.
• Posterga, aún más, la asignatura de religión, sin alternativas y sin efectos en la evaluación, e impone una nueva asignatura de educación en valores cívicos y éticos, como una “educación para la ciudadanía” rediviva, tan cuestionada por su uso como instrumento de adoctrinamiento en la imposición de valores no consensuados ni elegidos por los padres.
• Vuelve a limitar las funciones de gobierno de los centros concertados y de su titular, con lo que eso conlleva de riesgos a no garantizar o poner frenos al desarrollo del ideario, que es la razón de ser de estos centros y de su financiación con fondos públicos. La incorporación de nuevo del concejal del Ayuntamiento en el Consejo Escolar de los centros concertados, solo puede entenderse como la pretensión de la intromisión de un comisario político.
• Subraya los derechos de la infancia, que nadie cuestiona, pero vira a establecer como garantes a los poderes públicos, y no a las familias. Al contrario, las familias son los primeros agentes educativos a tener en cuenta. Los niños no son una posesión del Estado. Las familias denuncian también la discriminación que sufrirían sus hijos por la elección de un centro educativo concertado financiado con fondos públicos y reconocido en el marco jurídico constitucional. Las familias tienen derecho a ser tenidos en cuenta en las decisiones que se tomen respecto a su futuro.
• Posibilita la distribución unilateral del alumnado con desventaja social, educativa o económica, por la Administración. Para, supuestamente, evitar la segregación educativa, puede impedir de forma absoluta la libertad de elección de las familias de esos menores, cuando precisamente estos alumnos son los que deberían tener una mayor puntuación para poder elegir preferentemente el centro que consideraran mejor.
• Ataca la educación diferenciada, abocándola a su no financiación con fondos públicos y forzándola a su desaparición como opción pedagógica.
• Insiste en restar autonomía a los centros.
• Además, cuestiona la supervivencia de los centros específicos de educación especial, incluso frente a las consideraciones de los profesionales y las familias.