“Queremos que se eduquen personas, no rebaños”

La Plaza de la Inmaculada ha protagonizado este lunes de la primera de las numerosas concentraciones que se van a llevar a cabo por toda la Comunidad contra la Lomloe, la futura Ley educativa que promueve el Gobierno de España y que aún debe pasar el filtro del Senado para ver la luz, más conocida como Ley Celaá, que ha puesto en pie de guerra a la escuela concertada y especial.

Alrededor de trescientas personas, ataviados con globos y lazos de color naranja y portando pancartas en defensa de la enseñanza concertada, de la libertad de elección de centro y por una educación inclusiva, participaban en esta protesta también en defensa de los derechos de las familias de las futuras generaciones. “Queremos que se eduquen personas, no rebaños”, decía el vicepresidente de Escuelas Católicas de León, Jorge Taboada, quien defendía que la escuela concertada no es subsidiaria de la pública, sino complementaria, y que cuando se puso en marcha en la década de los 80 del pasado siglo, con el socialista Felipe González gobernando este país, esta enseñanza fue para dar opciones a todas las clases sociales de poder estudiar en el colegio que quisieran y no por que no hubiera oferta de plazas públicas como se está diciendo.

Durante la concertación se leía un manifiesto en el que también se recordaba la actitud del Gobierno de España aprovechando la pandemia para agilizar la ley y sacarla adelante no solo sin consenso ni debate parlamentario, sino sin la aportación de expertos ni de organizaciones o asociaciones educativas implicadas.

También se ponía de manifiesto que en Castilla y León, la escuela concertada representa a más de cien mil alumnos, miles de familias además de más de diez mil profesionales y doscientos colegios. O lo que es lo mismo: al treinta por ciento de la educación de esta Comunidad “que no se merece este desprecio” y se insistía en que esta educación caben todos, desde inmigrantes hasta los más ricos “porque es una enseñanza abierta a todo aquél que quiera escogerla”.

“El derecho a escoger centro es de las familias, no de los Gobiernos”, era una de las consignas que se lanzaban durante la protesta por parte de familias y docentes, que se cerraba con una gran ovación.

Convocados por la Plataforma Más Plurales, las concentraciones seguirán este martes en Valladolid y Burgos a las seis de la tarde ambas en la Plaza del Milenio y la calle Vitoria, respectivamente.

El jueves será el turno de Palencia, también a las 18 horas en la Plaza de la Inmaculada; el domingo llegará hasta la Plaza de Santa Teresa de Ávila, a partir de las doce del mediodía; mientras que ya para diciembre, el día 1 la caravana estará en Salamanca a las seis de la tarde en la Plaza de la Constitución; y, finalmente, Zamora acogerá el día 3 de diciembre a la misma hora y también en la Plaza de la Constitución dela ciudad la última concentración organizada hasta el momento.

El PP se moviliza

Desde que se aprobara en el Congreso de los Diputados el primer trámite de la ley Celaá, el PP se echado en tromba a las calles para denunciar los “efectos nocivos” que, en su opinión, se incluyen en la Lomloe. Así, aparte de recoger miles de firmas por toda España -tres mil en Valladolid el pasado sábado-, los populares van a llevar al Tribunal Constitucional la norma además de intentar “suavizar” la Ley desde las autonomías donde gobiernan, como es el caso de Castilla y León, o buscando mayorías en otras.

El propio presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ya anunciaba el pasado viernes que se pondrá toda la carne en el asador con las herramientas que permite el estado de derecho para frenar esta norma, y avanzaba que en el caso de esta Comunidad no se permitirá obtener el título de Bachillerato con asignaturas suspensas (la ley Celaá permite sacarse el título con un suspenso).

El PP de Valladolid se reunía esta mañana con los representantes de Concapa, Fecampa y los sindicatos de educación FSIE, USO, CSIF, la patronal Escuelas Católicas, Cere y miembros de la educación especial para intentar buscar mayorías . “Nuestro objetivo es frenar una norma que atropella al sistema educativo del país, que ataca directamente el artículo 27 de la Constitución al no permitir la elección de centros a las familias y que lanza el mensaje a las enseñanzas concertada y especial de yo no os cierro pero os dejo que os muráis vosotros solos”, denunciaba el diputado nacional del PP por Valladolid, José Ángel Alonso, quien advertía a Sánchez de que el PP “no está dispuesto a que se juegue con algo tan importante para que se mantenga en el poder”.

“El PP, aseguraba Alonso, se sumará a todas las movilizaciones que haga el sector de la escuela concertada y la educación especial”.

Por su parte, el secretario autonómico de Escuelas Católicas, Leandro Roldán, mostraba su “temor, preocupación e indignación” con la aprobación del dictamen de la futura Lomloe, “que atenta frontalmente a la educación concertada y especial, hasta el punto que su objetivo es que se conviertan en una red subsidiaria de la escuela pública y no complementaria, como hasta ahora”, así como por la “reducción de los estándares de calidad” que impone con la flexibilización los criterios de promoción y titulación,. Algo que, en su opinión, supondría una caída de los buenos resultados que obtiene la Comunidad en Educación, como queda de manifiesto en cada Informe PISA o TIMMS que se publica.

El PSOE ataca a la Junta

Desde el PSOE de Castilla y León atacan a la Junta ya que consideran sus protestas contra la Ley de “inadmisibles” además de estar basadas en los “bulos y mentiras del trío de Colón”. “Fernández Mañueco de haberse arrodillado ante los intereses electorales de Pablo Casado”, decía la secretaria regional de Organización del PSOE, Ana Sánchez, quien aseguraba este lunes que las protestas ciudadanas son “legítimas” pero no que desde las administraciones públicas, en este caso la Junta, se llame a la “rebelión e insumisión” cuando esta es una ley que no ha concitado las protestas “ni de estudiantes ni de profesores”. Un signo que, según Sánchez, quiere decir que el Gobierno ha explicado “bien” esta nueva norma educativa.