Castilla y León no renovará con las residencias en las que se detecten incorrecciones en la vacunación

Castilla y León no renovará los conciertos de plazas en aquellas residencias en las que de detecte que ha habido vacunaciones indebidas contra la Covid-19. De esta forma el Gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco pretende acabar con la pillería y actuar contra los centros que no han cumplido las normas.

Así lo anunció la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, quien aseguró que ya han abierto expedientes informativos en los centros en los que se han detectado esas vacunaciones indebidas, por no corresponder a residentes o trabajadores, como ha sucedido en el caso de al menos dos alcaldes de dos municipios de Villavicencio de los Caballeros (Valladolid) y en Matamala de Almanzán (Soria), y se aplicarán las sanciones que correspondan.

También reiteró que en el caso de que se constate la irregularidad, si son plazas concertadas, cuando fallezcan los residentes que ocupan esas plazas, no se les renovará el concierto.

El 98 por ciento de los vacunados en residencias de mayores y discapacidad son residentes o trabajadores localizados en las bases de datos de Sanidad y Familia, explicó Isabel Blanco, quien calificó las irregularidades a “situaciones puntuales y muy excepcionales”.

Por el momento han trascendido dos investigaciones abiertas en la Comunidad por las vacunaciones al alcalde y la secretaria del Ayuntamiento de Matamala de Almazán, dentro de la administración de la primera dosis en la residencia de mayores de la localidad; y al regidor, otros ediles y el cura de Villavicencio de los Caballeros, como parte del patronato que gestiona la residencia de mayores del municipio.

La responsable regional de la cartera de Familia e Igualdad de Oportunidades afirmó que hay 73.400 residentes y trabajadores en las residencias de la Comunidad, primer grupo de los que debían ser inmunizados con la vacuna de coronavirus, de los que el 98 por ciento están “localizados en las bases de datos de Sanidad y Familia, y a través de las tarjetas sanitarias”. Y a mayores se incluyen en las residencias a trabajadores externos como podólogos, personal de cocina o contratas de limpieza, declaró Blanco.

La Consejería pidió a los centros residenciales un listado con ese personal externo con contacto con residentes para organizar la vacunación, con el fin de conocer su historia clínica y saber si se pueden vacunar o no. Y a partir de ahí, “son las residencias, las que con poca ética, las que incluyen a personas que no entraban en los límites de los grupos prioritarios para ser vacunados, ya que no eran ni residentes, ni trabajadores, ni con contacto directo” con los usuarios de esos centros de mayores y dependientes, advirtió Blanco.

También Isabel Blanco afeó la “poca ética” de las personas que no siendo de esos grupos prioritarios han recibido la vacunas.Blanco ha explicado que comprobarán los listados recibidos por parte de las residencias y los de los ya vacunados, para contrastarlos, aunque llevará su tiempo ya que son más de 73.000 personas.

Sobre si se debe vacunar o no de la segunda dosis a esas personas que han recibido la vacuna de forma indebida, ha dicho que es una decisión que no le corresponde a ella sino a la autoridad sanitaria.