UPA propone llevar los lobos que sobran en Castilla y León a las regiones que defienden protegerlo

El campo está que trina y se levanta en armas contra la intención del Gobierno de España de prohibir por ley la caza del lobo en toda España al dejar de ser especie cinegética, por el destrozo que esta medida puede hacer a las explotaciones agrarias.

Los últimos en mostrar su desacuerdo han sido los agricultores y ganaderos de la Unión de Pequeños Campesinos (UPA) de Castilla y León, desde donde aseguran que esta medida es un “atropello absoluto” y recuerda los cuantiosos daños que provoca el lobo cada año en la Comunidad.

De hecho, cifran en cientos de miles de euros, ya que cada año se registran más de 4.000 muertes de cabezas de ganado, lo que refleja la situación “extrema” que sufren los ganaderos de la Comunidad. Por ello plantean que por que cada ataque de lobos que se produzca sea indemnizado en parte no con los impuestos de los castellanos y leoneses sino con las nóminas de los ecologistas,los funcionarios públicos del Ministerio de Transición Ecológica y el “extenso” organigrama de cargos políticos del Ministerio, empezando por la ministra.

Por ello el sindicato agrario, además de pedir la dimisión “inmediata” de la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribero por “incompetente”, propone llevar cientos de estos animales salvajes que “sobran” en Castilla y León a los territorios que piden la máxima protección para la especie en el conjunto del país.

“La ministra ha traicionado a los ganaderos al anteponer los intereses de los lobbys ecologistas, que supone tener lobos y fauna salvaje antes que personas activas en la ganadería”, denuncia UPA, desde donde reclaman al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que disuelva el Ministerio de Reto Demográfico y transfiera las competencias a las comunidades autónomas de las decisiones que afecten a cada comunidad en materia medioambiental y de reto demográfico.

Iniciativas judiciales en Castilla y León

En esta línea, la organización, a la que se han sumado también otras organizaciones como Asaja, pide a la Junta de Castilla y León una batería de iniciativas judiciales para paralizar esta decisión y para que el “atropello” contra los intereses de la Comunidad no se convierta en norma.

También, pide al ministro de Agricultura que dé un paso al frente y que, “de una vez por todas”, sea firme y defienda los intereses y el modelo de ganadería extensiva, al que debería representar y defender.

“Si no lo hace, estaría demostrando su incapacidad o su incompetencia, motivos suficientes para pedir su inmediata dimisión”, denuncian,