El Supremo podría resolver mañana, un mes y un día después del adelanto a las ocho

Ya ha pasado un mes desde que entrara en vigor el adelanto a las ocho de la tarde del toque de queda en toda la Comunidad, como medida de protección de la salud frente a la expansión de un virus que aún mantiene a Castilla y León en el máximo nivel de alerta, pero que aquél 15 de enero estaba desatado literalmente.

Una medida impopular pero que en esta Comunidad se ha asimilado bien y pronto que podría tener las horas contadas, o no, en función de lo que decida el Tribunal Supremo, posiblemente este martes en la reunión prevista por los miembros de la sección cuarta de la sala de lo Contencioso-Administrativo para tratar asuntos pendientes, entre los que se encuentra el recurso presentado por la Abogacía del Estado contra esta medida de la Junta por considerar que incumple el estado de alarma vigente en España hasta mayo y va en contra de las libertades básicas de los ciudadanos.

El Gobierno que preside Fernández Mañueco. por el contrario, defiende que sí cumple con la ley y que esta decisión está avalada por sus servicios jurídicos, y alega que se está priorizando el derecho a la vida de las personas que es el principal y ante el cual no hay otro que pueda estar por encima de este, además de para intentar hacer el menor daño a la economía. Asimismo, la Junta apunta que desde que esta medida está vigente se están consiguiendo reducir ostensiblemente los contagios y por ello su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, se muestra convencido de que el Supremo les dará la razón.

Una resolución de la que están pendientes sobre todo en Castilla y León los sectores económicos más afectados, como la hostelería, cuyos establecimientos solo pueden abrir las terrazas y que están esperando una decisión al respecto para poder al menos contar con dos horas más de trabajo.

A este toque de queda a las ocho que se prolonga hasta las seis de la mañana hay que sumar otras restricciones que siguen vigentes en la Comunidad, como el cierre perimetral y la prohibición de moverse entre provincias salvo por causas justificadas, la limitación a cuatro del número de personas no convivientes que pueden reunirse en casas y espacios públicos, la reducción del aforo a un máximo de 25 personas en los lugares de culto, o el cierre de los centros comerciales, salas de juego, gimnasios y instalaciones deportivas.