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Economía

Castilla y León urge al Gobierno a pagar los 182 millones de la liquidación del IVA de 2017

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, pide por carta a la ministra María Jesús Montero que agilice el proceso y convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, en las Cortes
El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, en las CortesECOGEOLa Razón

Castilla y León no quiere dejar pasar el tiempo y urge al Gobierno de Españaa que abone cuanto antes los 182 millones de euros que el Estado adeuda a esta Comunidad en concepto de la liquidación del IVA correspondiente el ejercicio de 2017, en virtud de la sentencia del Tribunal Supremo. que fallaba el pasado 19 de abril a favor del Ejecutivo autonómico su su pleito con Sánchez y su equipo.

De hecho, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha remitido esta semana una carta a la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la que pide “que seaceleren los trámites” para el ingreso de ese dinero que, según avanzaba el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, tras conocerse la sentencia se dedicará íntegro a la recuperación económica de la pandemia, para ayudar a los sectores más castigados por esta crisis sanitaria y para mejorar la calidad de vida y el estado de bienestar de los castellanos y leoneses.

“Queremos que se abonen cuanto antes las cantidades debidas a la Comunidad por las repercusiones en la liquidación del sistema de financiación correspondientes al IVA”, escribe el consejero en la misiva enviada a la también portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez, mientras ofrece la colaboración del Gobierno autonómico en la ejecución del auto, el primero dictado en España sobre este asunto.

La intención del Gobierno que preside Fernández Mañueco es la de dialogar primero para llegar a un acuerdo y un entendimiento y, si fuera necesario, su disposición para mantener las reuniones con el Ministerio de Hacienda que la ministra considere convenientes”. Asimismo, el consejero aprovecha la carta para pedir a la ministra una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Fernández Carriedo finaliza la misiva agradeciendo “de forma anticipada” a la ministra su colaboración para agilizar este proceso, en el que ofrece la cooperación de la Administración autonómica en lo que se precise.

Esta petición ha sido un empeño personal del presidente de Castilla y León que en numerosas ocasiones ha exigido al Ejecutivo central pagar esta cantidad, un compromiso que además recoge el Pacto por la Reactivación Económica de la Comunidad, firmado entre la Administración regional, PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos y Por Ávila.

Una sentencia que abre un problema al Gobierno ya que tendrá que devolver a las comunidades autónomas más de 2.600 millones de euros por una mala praxis en la liquidación del IVA de 2017, tras el fallo del Tribunal Supremo a favor de Castilla y León. Así lo han admitido fuentes del Ministerio de Hacienda, que aunque reacio a devolver esta partida a las autonomías, reconoció que si están obligados por sentencia a reingresar 182 millones a Castilla y León lo harán también con el resto de comunidades. Lo contrario no tendría sentido, ya que a la demanda de Castilla y León al Supremo seguirán en cascada las del resto de autonomías. La ministra de Hacienda María Jesús Montero se había negado hasta ahora en redondo a devolver ese dinero a las autonomías. «Ya estamos en 2020 y el tema se tenía que haber resuelto en 2019. No hay ninguna novedad», dijo hace un año cuando varias regiones anunciaron que irían a los tribunales.

Esta irregularidad corresponde al anterior Gobierno de Mariano Rajoy, que en el año 2017 implementó el llamado Suministro Inmediato de Información (SII) del IVA que implicó que, en términos de caja, sólo se contabilizaran once meses de autoliquidaciones de IVA, en lugar de los pertinentes doce. Esta decisión generó un problema en 2019, cuando se liquidó el ejercicio 2017, que el Gobierno trató de solventar incluyendo un cambio normativo en la liquidación del IVA. Sin embargo, PP y Cs votaron en contra.

Proceso

El Tribunal Supremo reconoce en la sentencia que la Junta de Castilla y León “ha intentado llegar, en todo momento, a una solución consensuada previa a la judicial y ha realizado en los últimos dos años numerosos intentos en el marco de la lealtad institucional para la reclamación del pago de las cantidades que se adeudan a la Comunidad por las repercusiones en la liquidación del Sistema de Financiación correspondientes al IVA”.

Así, la Comunidad advirtió el 19 de julio del 2018 en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y el 31 de julio al Ministerio de Hacienda, del efecto negativo que la implantación del Suministro de Información Inmediata del IVA tendría sobre la liquidación de este impuesto en las comunidades autónomas, así como la necesidad de adoptar las medidas oportunas para paliar dicho efecto en la recaudación.

Además, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el 26 de agosto de 2019 remitió una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para mostrar su “preocupación por no haberse hecho efectivos en la liquidación definitiva de 2017 los recursos compensatorios tras el cambio de normativa”, donde indicaba que esta situación “estaba causando dificultades en la sostenibilidad de los servicios públicos de la Comunidad y en el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria”.

De la misma forma, el 29 de agosto de 2019, el consejero de Economía y Hacienda se dirigió a la ministra de Hacienda para manifestar su “preocupación” por no haber recibido la actualización de las entregas a cuenta de 2019 y por no haberse hecho efectivos los recursos compensatorios por la implantación del Suministro de Información Inmediata del IVA, solicitando además la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por último, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el 7 de febrero de 2020 se reiteró de nuevo la petición.