La presidenta del CSIC investigada aduce que no controlaba proyectos locales

La presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Rosa Menéndez, se ha escudado en que eran los propios científicos y los técnicos territoriales los responsables de las medidas preventivas de sus proyectos en su declaración ante la juez que la investiga por una expedición mortal en la Vall d’Aran en la que fallecieron dos científicos, uno de ellos un biólogo salmantino de 39 años.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, Menéndez, junto a quienes eran responsables de riesgos laborales y recursos humanos del CSIC, han declarado este jueves por videoconferencia ante la juez que investiga el accidente ocurrido en marzo de 2018 en el que dos miembros de una expedición científica que iban a recoger muestras del lago Redon murieron arrastrados por un alud y un tercero resultó herido.

La cúpula del CSIC fue citada a declarar por orden de la Audiencia de Lleida ante las sospechas de que pudieron cometer un delito contra la salud y la seguridad de los trabajadores por la falta de medidas de prevención en la expedición mortal.

Además, en la causa está investigado el director del proyecto científico del lago Redon, Luis C., quien poco antes de la salida de la expedición reclutó verbalmente a los dos fallecidos -que no tenían contrato con el CSIC-, así como un delegado de la agencia estatal en Cataluña y los responsables de los servicios de prevención territoriales.

En estos imputados han descargado hoy responsabilidades Rosa Menéndez y los otros dos investigados, quienes han aducido que la cúpula del CSIC no tiene “capacidad” para controlar los riesgos y prevenciones de los proyectos de investigación de la agencia, teniendo en cuenta la gran cantidad de estudios que están en marcha en toda España.

Por ese motivo, han alegado, entienden que eran los propios investigadores los responsables de contactar con los servicios de prevención territoriales y adoptar las medidas que estos creyeran oportunas para evitar riesgos.

Tras el accidente mortal, el CSIC presentó ante la Inspección de Trabajo un plan de riesgos laborales que consta como aprobado en abril de 2018, es decir, un mes después de la fatídica expedición al lago Redon, un documento que figura en el sumario del caso.

La presidenta del CSIC ha explicado que, pese a que ese programa no fue formalmente aprobado hasta abril de 2018, cuando ocurrió el accidente ya se estaba trabajando en distintas comisiones para desarrollar un plan de riesgos en expediciones como la del lago Redon, porque el que estaba vigente en ese momento no lo preveía.

No obstante, ni ella ni los otros dos responsables del CSIC investigados han aportado ningún documento que acredite que la agencia estaba trabajando para establecer un plan de prevención que incluyera los riesgos en las expediciones de montaña.

De hecho, las acusaciones consideran que cuando ocurrió el accidente no existía ningún protocolo de actuación para las expediciones de montaña basado en criterios objetivos, con lo que eran los propios integrantes de la misma los que tenían que tomar las decisiones sobre el terreno, en función de las circunstancias.

Cuando ocurrió el accidente mortal del Vall de Conangles, el riesgo de aludes en la Vall d’Aran era de 3 -sobre un máximo de 5-, lo que debería haber desaconsejado la expedición al lago Redon, según los informes que obran en el sumario del caso.

En el trágico accidente resultó herido grave Roberto Sánchez, investigador de Lasarte (Guipúzcoa) contratado como técnico superior para el CSIC, y fallecieron las dos personas que le acompañaban: el salmantino Gaspar Giner Abati, un biólogo que había trabajado en esta empresa pública, y el montañero Unai Pérez de Arenaza, vecino de Bergara (Guipúzcoa).

Los familiares de los investigadores fallecidos se constituyeron como acusación particular en la causa penal abierta por el accidente y pidieron la imputación de la cúpula del CSIC porque consideran que la expedición, cuyos miembros iban equipados con material proporcionado por la empresa científica, se llevó a cabo sin medidas de prevención.

Las familias de los dos fallecidos lograron ya una primera victoria cuando el pasado mes de diciembre el juzgado de lo social número 1 de Lleida concluyó que la prestación de servicios que hicieron al CSIC era “de naturaleza laboral”.