Castilla y León emite una deuda pública de 500 millones a nueve años

La Consejería de Economía y Hacienda, que dirige Carlos Fernández Carriedo, publica, este jueves, en el Boletin Oficial de Castilla y León (Bocyl), la orden por la que se adjudica la materialización de una emisión de deuda pública de la Comunidad con vencimiento 2030, por un importe máximo de 500 millones de euros.

Esta operación de crédito, ejecutada en los primeros días del mes de junio, ha supuesto la vuelta de la Administración Regional a los mercados de capitales bajo este formato, tras el paréntesis del año 2020 en el que cubrió sus necesidades ordinarias de endeudamiento con cargo al Fondo de Facilidad Financiera.

Mediante esta transacción, la segunda de mayor volumen tras la realizada en 2014, Castilla y León ha logrado captar 500 millones de euros entre inversores institucionales, habiendo recibido solicitudes por más de 1.600 millones de euros, lo que supone una ratio de sobresuscripción en torno a 3.3 veces el importe anunciado.

La fuerte demanda recibida ha permitido rebajar hasta en dos ocasiones el tipo de interés inicialmente previsto, cerrándose finalmente un diferencial sobre el coste de la deuda el Estado de 17 puntos básicos, muy por debajo del máximo de 50 puntos que recoge la autorización de Consejo de Ministros.

Durante los nueve años de vida de esta emisión se abonará un tipo de interés fijo anual del 0,425 %, por lo que se trata del cupón más bajo obtenido por Castilla y León en una operación de estas características. El rembolso se producirá el 30 de abril de 2030 por su valor nominal, 500 millones de euros.

Confianza entre los inversores

Este hecho pone de manifiesto la confianza y receptividad que la Comunidad genera entre los inversores al valorar positivamente su nivel de solvencia. Conviene recordar que la agencia Moody’s le otorga a Castilla y León la misma calificación financiera que al reino de España, Baa1.

Asimismo, se ha conseguido una notable granularidad en la distribución, ya que a la mayoría de las 65 cuentas que fueron adjudicatarias se les asignó un importe inferior a 10 millones de euros.

Además, se trata de órdenes de inversores de alta calidad, entre los que predominan las suscripciones realizadas por Fondos de Inversión que aglutinan el 50 por ciento del total, seguido de Bancos que concentran el 42por ciento y el restante 8 por ciento corresponde a Fondos de Pensiones y Compañías Aseguradoras.

Otro aspecto a subrayar es el importante flujo de demanda procedente del exterior, lo que ha determinado que el 81 por ciento de los bonos emitidos quede en manos de inversores internacionales. Destacan, desde un punto de vista geográfico, Alemania y Austria que absorben el 40 por ciento del total, Francia un 12 por ciento e Italia un 10 por ciento.

Estabilidad de los mercados e incremento de la inflación

Con esta emisión, distribuida en títulos de 1.000 euros cada uno, se avanza en el objetivo de aumentar la vida media de la cartera de deuda de la Administración de la Comunidad, a la vez que se incrementa el peso relativo de los bonos en la misma y se amplia y diversifica su base inversora, en línea con la estrategia de endeudamiento definida para este ejercicio.

En la ejecución de esta transacción se ha valorado la relativa estabilidad de los mercados de deuda de los últimos días, que ha generado una ventana de oportunidad, tras semanas de aumento de la rentabilidad de los bonos soberanos provocada por la incertidumbre sobre el rumbo de la política de estímulos monetarios del Banco Central Europeo, ante los buenos datos que va arrojando la actividad económica y que van reflejándose en un incremento de la inflación, en sintonía con lo que está sucediendo en otros mercados.

Considerando esta emisión, así como el resto de operaciones a largo plazo formalizadas hasta este momento, Castilla y León ha cubierto más del 50 % de las necesidades de endeudamiento presupuestadas para el año 2021.