Plan de choque para reducir la temporalidad de 47.000 funcionarios en Castilla y León

El delegado de Gobierno, Javier Izquierdo, acaba de presentar el Plan de Choque del Gobierno con el que se pretende reducir la temporalidad que viven 47.000 funcionarios en las administraciones públicas de Castilla y León. Una reforma que ha señalado que es “una solución eficaz a un problema heredado, enquistado, fruto de una regulación inapropiada y de años de un conjunto de prácticas inadecuadas” y que “supone un salto imprescindible hacia una Administración moderna y dimensionada a las necesidades de sus servicios”.

Un Plan de Choque que Izquierdo ha explicado a representantes de los sindicatos de la Comunidad, y donde ha afirmado que se busca que ninguna persona podrá ocupar con carácter interino una plaza de la administración durante más de tres años. En este sentido, se pondrá en marcha un último proceso de estabilización para interinos en plazas estructurales no incluidos en los últimos procesos de estabilización. Se tratará de un sistema de concurso-oposición, en el que la experiencia contará un 40 por ciento, de modo que quienes no superen este proceso, serán incluidos en una bolsa y recibirán una compensación económica.

Se mejor asimismo la definición de la figura del personal funcionario interino y para su selección se acudirá a procedimientos que respeten los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad.

Actualmente el porcentaje de interinidad en las administraciones públicas de la Comunidad se sitúa en torno al 28,6 por ciento, superado en Educación Secundaria, donde ronda el 30 por ciento y en Sanidad y Administración Local, ambos casos alrededor del 37 por ciento.

España cuenta con 2.710.405 empleadas y empleados públicos, de los que 1.616.211 (59,63%) trabajan en el Sector Público de las Comunidades Autónomas, 579.680 (21,39%) en el Sector Público de la Administración Local y 514.514 (18,98%) en el Sector Público del Estado.

Así lo recoge el último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (BEPSAP), correspondiente a enero de 2021, publicado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública hace unos días.

En Castilla y León el total es de 166.682 empleados públicos, de los que 97.201 pertenecen a la administración autonómica, 35.641 a las entidades locales y el resto, 33.840, al Estado.

Atendiendo a la evolución registrada entre el 1 de enero de 2011 y el 1 de enero de 2021, el número de efectivos que presta servicios para las comunidades autónomas ha aumentado un 20,41% (principalmente en las áreas sanitaria y educativa), a nivel nacional, mientras nuestra Comunidad ha sumado prácticamente la mitad: un 11,39% de personal.