Castilla y León reclama una nueva PAC orientada a los profesionales y la sostenibilidad económica y social

Castilla y León reclama una nueva Política Agraria Comunitaria (PAC) orientada a los profesionales y la sostenibilidad económica y social, tras analizar la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Asaja, Alianza UPA-COAG y la UCCL, y la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León la propuesta que presentó esta semana el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y que marcará las bases con las que se elaborará el Plan Estratégico de la PAC en España.

Según explicó la Junta en un comunicado, la “Propuesta de Acuerdo para la elaboración del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común” detalla los planteamientos generales de base para poder elaborar el citado Plan, una vez que se apruebe en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, en la que participan los consejeros y consejeras de las Comunidades Autónomas. Deberá presentarse a la Comisión Europea a finales de este año y establecerá la planificación de la nueva PAC a partir del 1 de enero de 2023.

La Consejería reclamó al Ministerio más información y detalle en algunos apartados de esta propuesta para poder tener un pronunciamiento más preciso, especialmente en las nuevas medidas que se incorporan a la PAC, tras el acuerdo al que se llegó a finales de junio entre el Consejo de Ministros de la Unión Europea, el Parlamento y la Comisión Europea.

Equilibrio

La nueva PAC, indicó la Junta, se va a caracterizar por una mayor “ambición medioambiental”, tanto en los requisitos mínimos obligatorios para poder percibir las ayudas, como en las que se dedicarán para la realización de prácticas agrarias sostenibles con el medio ambiente en el primer pilar (los denominados ecoesquemas) y también en el segundo pilar cofinanciadas por el Feader (medidas de agroambiente y clima, agricultra ecológica..).

Castilla y León cuenta con una posición común del Gobierno de la Comunidad, las organizaciones profesionales agrarias, cooperativas agrarias y otras entidades y asociaciones relacionadas con el medio rural, que parte del principio de que los nuevos requisitos que se exijan deben ser compensados adecuadamente.

En consecuencia, “las ambiciones de la nueva PAC deben tener una triple vertiente: la medioambiental, la económica y la social, y todas ellas dirigidas a mantener esta actividad, al ser la base económica de las áreas rurales”.

Agricultor activo

La propuesta del Ministerio plantea que el perceptor de las ayudas se caracterice porque sus ingresos agrarios al menos sean el 25 por ciento de sus ingresos totales, pero abre también la puerta a otros beneficiarios que, sin cumplir este requisito estén afiliados al Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios de la seguridad Social, perciban anualmente un máximo de 5.000 euros de ayudas directas.

“Castilla y León defiende un modelo de agricultura profesional, no la entendemos de otra forma, por lo tanto la propuesta del porcentaje de ingresos agrarios es coherente con nuestras pretensiones, sin embargo deberían incluirse la afiliación a la Seguridad Social Agraria en cualquier caso”, expuso la Junta.

Relevo generacional y mujer

Las organizaciones profesionales agrarias, las cooperativas agrarias y la Junta coincidieron en una apuesta “clara” hacia el relevo generacional y en conseguir que las mujeres tengan más protagonismo en el sector agrario y en definitiva en las actividades económicas del medio rural. La propuesta planteada de incrementar las ayudas a la renta de los jóvenes, con un incremento del diez por ciento a la incorporación de mujeres es “bienvenida”. No obstante, Castilla y León reivindica incrementar el número de hectáreas que pueden beneficiarse de estas ayudas pasando de las actuales 90 hectáreas a 120.

Ayuda básica y pago redistributivo

La propuesta del Ministerio contempla destinar un 60 por ciento de todas las ayudas directas a la denominada ayuda básica a la renta. Sin embargo se detraerá de esta ayuda un 20 por ciento, para redistribuirla a una franja de primeras hectáreas de cada beneficiario, con el objetivo de apoyar a las pequeñas y medianas explotaciones.

Este nuevo pago, el redistributivo, será obligatorio incorporarlo al Plan Estratégico, no obstante la Consejería junto a las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas plantean que se reduzca el peso financiero destinado a este pago al mínimo y que en todo caso se dirija a las explotaciones más profesionales para apoyar su viabilidad.

Asimismo, la propuesta del Ministerio contempla que a partir de 60.000 euros de ayuda se reduzcan las mismas en tramos hasta llegar a 100.000 euros, que sería el tope general de ayudas. Respecto a esta propuesta se ha solicitado por Castilla y León que se tenga en consideración la situación de las cooperativas agrarias y otras entidades asociativas para no perjudicar el modelo social que representa.

La propuesta del Ministerio plantea una simplificación de las regiones productivas actualmente 50, para llevar este mapa de regiones a unas 20. La Junta recordó que la regionalización productiva es la referencia para la determinación de la ayuda básica a la renta. Por ello, Castilla y León comparte la necesidad de reducirlas y llegar a una simplificación como la propuesta, no obstante señaló que el nuevo modelo debe evitar distorsiones territoriales respecto a la financiación global.

Ecoesquemas

Esta ayuda es una de las nuevas intervenciones y sustituirán a la actual ayuda verde o ‘greenning’, para la que se propone destinar un 23 por ciento del total del importe de las ayudas directas. La Consejería ha planteado al Ministerio una propuesta alternativa para su aplicación consistente en un ecoesquema único, con un paquete de medidas que puedan ser elegidas voluntariamente por los agricultores o ganaderos.

La Junta señaló que la propuesta del Ministerio está aún “poco desarrollada” en este punto y pidió trabajarla más y que tenga mayor reflejo la propuesta de Castilla y León en la definición final.

Ayudas asociadas

Castilla y León apuesta por un paquete de ayudas asociadas que mantenga las existentes, incluyendo la remolacha y cultivos proteicos, y que se incrementen especialmente en las ayudas dirigidas a sectores ganaderos, por ser más sensibles. La propuesta del Ministerio va orientada a ese planteamiento, no obstante se demanda que no se reduzcan las ayudas al sector del vacuno y la incorporación de un Plan Sectorial Nacional para el ovino-caprino.