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Servicios Sociales

El respeto a la dignidad de la persona, pilar del modelo residencial

Castilla y León es el modelo a seguir para los directores y Gerentes de Servicios Sociales, quienes defienden como esta Región las unidades de convivencia y la evaluación periódica de la calidad

La consejera de Familia, Isabel Blanco, conversa con Gustavo García Herrero y el gerente de Servicios Sociales, Carlos Raúl de Pablos
La consejera de Familia, Isabel Blanco, conversa con Gustavo García Herrero y el gerente de Servicios Sociales, Carlos Raúl de PablosJcylLa Razón

El modelo residencial de Castilla y León, que apuesta ante todo por el respeto a la dignidad de la persona y por hacer sentir a los usuarios en la residencia como si estuvieran en su propia casa, con una atención individualizada y centrada en la persona, es un ejemplo a seguir para toda España.

De hecho, la Asociación estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales se encuentra recogiendo aportaciones de todas las administraciones autonómicas y entidades del tercer sector y la gran mayoría de las iniciativas y proyectos en marcha en esta Comunidad se ven con buenos ojos en este entidad, como algo que debería aplicarse en todo el país. Es el caso de las unidades de convivencia, para fomentar las relaciones entre los usuarios y sus familiares, así como la prestación de servicios de proximidad o por reducir de forma progresiva las sujeciones físicas y farmacológicas.

La consejera de Familia, Isabel Blanco, se ha reunido con Gustavo García Herrero, autor del documento que recoge las propuestas de ámbito nacional de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, y que presentará esta semana en Madrid con el presidente José Manuel Ramírez.

Esta entidad defiende que los cuidados comienzan en casa, entendida como la necesidad de adecuar los centros residenciales para configurar espacios hogareños y cálidos y prestar en ellos una atención individualizada y centrada en la persona. Algo que coincide con lo que pretende también la Junta, al igual que en la calidad de la atención residencial. En este sentido, Castilla y León ultima una Ley que prevé mecanismos para promover y evaluar la calidad de los servicios a partir de estándares euro y medir el impacto de los planes de apoyo en los proyectos de vida de los usuarios.

Esta evaluación dará lugar a una categorización de los centros a partir de parámetros objetivos. Los resultados se publicarán cada año en un informe para que los futuros usuarios puedan elegir con garantías la residencia a la que quieren acudir.

En el transcurso de la reunión, la consejera daba a conocer a García Herrero la implantación del modelo de atención a la Dependencia 5.0, donde las nuevas tecnologías y la innovación se ponen al servicio de los usuarios y su bienestar, además de la teleasistencia avanzada, gratuita para todos los usuarios.

El técnico de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales se ha mostrado especialmente interesado en conocer las iniciativas de Castilla y León orientadas a la atención de los mayores en el medio rural. A este respecto, Isabel Blanco le ha trasladado los detalles del programa Atención en Red, que combina los cuidados en domicilio y en centros residenciales, y los conecta entre sí por medio de un paquete común de productos tecnológicos y servicios de apoyo y una red de profesionales volcados en la protección de los más vulnerables.

También el programa INTecum –para que los enfermos en fase terminal puedan vivir en su casa hasta el final de sus días con todos los apoyos sanitarios que precisen– o PROCURA –que proporciona servicios públicos eficientes e innovadores para los ciudadanos, integrando los procesos sociales y asistenciales, a través del proceso de compra pública innovadora.

En concreto, este proyecto conjuga las iniciativas ‘A gusto en casa’ y ‘Viviendas en Red’ –donde el usuario recibe servicios de calidad en su propio entorno, permitiendo así que pueda permanecer en su hogar de forma digna y segura hasta el final de su vida– con el nuevo modelo de atención residencial –que promueve centros multiservicio, donde las instalaciones de comedor o lavandería o los servicios de promoción de la autonomía prestan apoyo a los usuarios de los dos primeros programas–.

El responsable de la entidad estatal ha considerado este programa de especial interés, en tanto su filosofía encaja con los principios que defiende la asociación y la idea de que la atención a los mayores comienza y termina en casa.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, conoce el desarrollo de diversos prototipos para implantar el sistema de atención a la dependencia 5.0 en Castilla y León
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, conoce el desarrollo de diversos prototipos para implantar el sistema de atención a la dependencia 5.0 en Castilla y LeónJESÚS FORMIGO/ICALAgencia ICAL

Castilla y León líder en el territorio nacional

Durante el encuentro de trabajo, Isabel Blanco y Gustavo García Herrero han repasado los principales indicadores con los que la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales mide periódicamente la calidad en la atención a los usuarios y en el desarrollo de las políticas sociales, unos exámenes que Castilla y León supera con nota.

Ésta es la autonomía con mayor cobertura de plazas residenciales en España, del 7,84 por ciento (el 6,3 por ciento con financiación pública), frente al 4,33 por ciento de la media (2,68 por ciento si tomamos las de financiación pública). La Comunidad es la única que, con fondos públicos, cumple la ratio de cinco plazas por cada cien personas mayores de 65 años. Por otro lado, casi ocho de cada diez ingresos en plazas residenciales cuentan con ayuda pública.

Castilla y León lidera también la gestión de la Dependencia en el conjunto del territorio nacional. La financiación para la atención dentro del sistema se sitúa este año en casi 680 millones de euros, el 15,45 por ciento más que en el último presupuesto aprobado.

La Comunidad es la es la primera de España en cumplir la plena atención, no tiene lista de espera y acaba de reducir a dos meses los plazos de reconocimiento del derecho, frente a los seis del resto de España. También ha reforzado con 15 millones de euros adicionales las cuantías de las prestaciones vinculadas a servicios y de asistencia personal, de los que se benefician 74.300 personas dependientes.