Compromiso con la carrera profesional de los empleados públicos de la Administración de Castilla y León

La Junta garantiza la carrera profesional y el reparto de los fondos adicionales a los empleados públicos de la Administración de Castilla y León, tras la firma de dos convenios con la presencia del consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, con los representantes sindicales de CSIF, CCOO y UGT.

Ibáñez ha destacado especialmente la capacidad de encuentro y diálogo que tanto organizaciones sindicales como la Administración han sido capaces de propiciar por el bien de los empleados públicos. “Hemos suscrito dos acuerdos con las organizaciones sindicales que muestran de manera inequívoca el poder del diálogo, del resultado que ofrece el esfuerzo de las organizaciones sindicales sumado a las garantías de un gobierno que promete y cumple”.

De esta manera, Ibáñez ha destacado que el acuerdo de carrera profesional reconoce el desempeño y la prestación de unos servicios de calidad por parte de los empleados públicos, al tiempo que ha trasladado el fundamento real de este instrumento, para que el empleado público aumente progresivamente su capacidad y experiencia, y redunde en la propia administración y en la mejora de la calidad de los servicios públicos a los ciudadanos.

“Para este Gobierno, la carrera profesional constituye un elemento fundamental en la potenciación y dinamización del desempeño de los puestos de la administración pública, una prestación cualificada y adaptada al cambio”, señalaba Ibáñez quien ha aludido a los principios de progresividad, objetividad, transparencia y flexibilidad.

Entre las cuestiones que contempla el acuerdo, se recoge la aprobación de un incremento retributivo para el personal al servicio del sector público que incluye, además de los correspondientes incrementos anuales previstos, una dotación de fondos adicionales. Esta dotación será para el año 2018 de un 0,2 por ciento, lo que se traduce en más de 1,3 millones para Administración general, más de 1,8 para educación, y más de 2,8 para la gerencia regional de salud; para 2019 un 0,25 por ciento, lo que se traduce en más de 1,7 millones para la administración general, más de 2,3 para educación, y más de 3,8 para la gerencia regional de salud; y para 2020 un 0,30 por ciento, lo que se traduce en más de 2,1 millones para la administración general, más de 2,9 para educación y más de 5,2 para la gerencia regional de salud.

“El Gobierno de Mañueco dialoga, busca consenso y equilibrio con el único objetivo de conquistar mejores condiciones para desarrollar el reconocimiento de derechos y deberes de los empleados públicos. Porque creemos que la modernización de nuestra función pública no solo protege a los profesionales, sino que les garantiza un futuro mejor y con él, el de nuestros servicios públicos, con el único afán de mejorar la vida de todas las personas en Castilla y León”, ha concluido su intervención.