Sociedad

Agustín Sánchez: “El reto demográfico pone a prueba el sistema de derechos reconocidos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía”

El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León asegura que se trata de “un desafío a la igualdad de oportunidades”

El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Agustín Sánchez, inaugura la Jornada "Respuestas normativas frente a los retos demográficos"
El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Agustín Sánchez, inaugura la Jornada "Respuestas normativas frente a los retos demográficos"Jose Luis LealAgencia ICAL

El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Agustín Sánchez, advirtió de que el reto demográfico “pone a prueba el sistema de derechos reconocidos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía” y recalcó que supone “un desafío a la igualdad de oportunidades”.

Sánchez de Vega hizo estas declaraciones durante la inauguración de la jornada titulada “Respuestas normativas frente a los retos demográficos”, celebrada en la sede del Consejo Consultivo de Castilla y León, en la capital zamorana. “Castilla y León está, en este momento, en una fase inicial de borrador de un anteproyecto de Ley sobre dinamización demográfica y reto demográfico. Ya tiene previsto incorporar un informe sobre despoblación, como las demás leyes de las comunidades autónomas que tiene su ley en vigor o están próximas a entrar en vigor”, explicó.

“Con ese trabajo interno de los gobiernos autonómicos ese es el informe sobre despoblación sobre cuáles pueden ser las consecuencias respecto a las normas que se van incorporando”, añadió.

Agustín Sánchez comentó que el Consejo Consultivo de Castilla y León preparçpo ese primer informe a iniciativa propia sobre el impacto demográfico en el procedimiento de elaboración de las normas que, durante la Jornada de hoy, presentaron los consejeros Valle Ares y Francisco Ramos.

El informe es una “contribución que abre el debate jurídico y técnico” sobre la configuración de una herramienta “ampliamente demandada” en la lucha contra la despoblación y el conjunto de los retos demográficos, pero “aún pendiente de acotar y definir”, tanto los derechos como los procedimientos de elaboración de normas.

“Nuestro informe es estrictamente jurídico y aconsejamos al Gobierno regional que lo incorpore. A partir de ahí, los gobiernos tiene estructura suficiente para llevarlo a cabo y tienen que decidir. Lo que sí advertimos es que ese informe es lo suficientemente importante y sustantivo como para que no se convierta en otro informe más de los procedimientos de elaboración de las normas. Que sea sustancial. Esa es la clave de la eficacia administrativa”, señaló.

Sánchez de Vega detalló que la jornada se estructuró en tres partes, la primera de las cuales consistió en exponer de forma breve el informe del Consejo Consultivo de Castilla y León.

En la segunda, se produjo un intercambio de experiencias respecto a las nuevas leyes o proposiciones de Ley, en algunos casos, de los gobiernos de Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha y del de Castilla y León.

Además, Antonio Sánchez incidió en el apoyo de la Institución a las entidades locales que, por su pequeño tamaño, cuentan con limitaciones para desempeñar sus atribuciones. “El Consejo resuelve las consultas procedentes de la administración autonómica y local sobre materias muy próximas a la realidad de los derechos sociales. La educación, la sanidad, los servicios sociales o el funcionamiento de los servicios públicos son objeto habitual de los dictámenes”, enumeró.

Diferencias territoriales

En el último tramo de la Jornada, Victoria Camps, consejera permanente del Consejo de Estado, habló sobre “Reto demográfico, fragilidad social y ética de los ciudadanos”. “La jornada nos permite descubrir cómo han acometido el problema del reto demográfico otras comunidades autónomas porque siempre plantea retos importantísimos en materia de derechos sociales. El reto demográfico es también un reto a la igualdad de oportunidades”, insistió el presidente del Consejo Consultivo.

“El punto de partida es la constatación de que las diferencias territoriales en el acceso a determinados bienes públicos pueden comportar consecuencias incompatibles con los grandes principios constitucionales de igualdad y justicia en la recepción de las prestaciones de servicios públicos”, anotó.

La Jornada contó también con las intervenciones de los consejeros Valle Ares, Francisco Ramos y Juan Vicente Herrera; el director general de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica de la Xunta de Galicia, Jacobo Rey; el Comisionado para el Reto Demográfico en Castilla-La Mancha, Jesús Alique; el secretario general de Población y Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura, Manuel Mejias y el director general de Ordenación del Territorio y Planificación de la Junta de Castilla y León, Antonio Calonge.