Inyección de 8 millones a las entidades locales para hacer frente a la subida de la luz

La Junta inyectará ocho millones de euros a las entidades locales para paliar la pobreza energética y que ninguna familia vulnerable pase frío este invierno por no poder pagar los recibos de luz y calefacción, como ha destacado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, durante una reunión extraordinaria realizada este viernes en Valladolid con representantes de ayuntamientos de más de 20.000 habitantes.

Una cuantía que se va a distribuir en dos anualidades: la primera, este año, con 4 millones de euros, lo que supondría aumentar hasta los 6,62 millones el presupuesto este año para las prestaciones de urgencia social dirigidas a este fin, mientras que en 2022 se aportarán los cuatro millones restantes.

“Nuestra gran prioridad es la de proteger a las personas y ayudar a quienes más lo necesitan. En esta Comunidad ninguna familia se va a quedar sin luz o calefacción por no poder pagar los recibos”, aseguraba Blanco.

Durante esta reunión, la consejera destacaba la cooperación institucional que mantiene su departamento con el Tercer Sector, una de las claves indiscutibles del exitoso modelo de Servicios Sociales de la Comunidad, destacando la Red de Protección a las personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica, y que ha dado cobertura durante el pasado año a unas 384.000 personas, más del doble que en años procedentes, debido a la incidencia de la pandemia.

Dentro de esta Red, las ayudas de emergencia absorbieron casi 4,3 millones de euros el pasado año, de los que 1,25 millones se destinó a las prestaciones económicas para necesidades básicas de subsistencia, a las que se suman los 8 millones contra la pobreza energética.

De esta manera, los consumidores vulnerables severos recibirán 130 euros en su cuenta corriente, sin necesidad de formalizar trámite alguno. Es decir, familias con un nivel de renta anual con los límites de 15.817 euros para familias numerosas; 9.880 para hogares con dos menores, 7.908 si solo tienen un menor y 5.931 si no vive ninguno y 7.908 en el caso de personas que perciben la pensión mínima.

Otra de las iniciativas relevantes es el refuerzo de los convenios con las empresas suministradoras de gas y electricidad, que tiene como finalidad evitar el corte de los suministros o, en su defecto, conseguir su inmediato restablecimiento en caso de impagos de las familias con dificultades, y en el que participan Iberdrola, Naturgy y Repsol y se está ultimando uno más con Endesa.

Por otra parte, la consejera reiteró la necesidad de “replantear” la naturaleza de la Renta Garantizada de Ciudadanía, con la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que abona el Estado. En concreto, apostó por vincular la Renta Garantizada a la parte de inclusión laboral, lo que supondrá la obligatoriedad de que los perceptores de esta prestación busquen un empleo.