Tribunales
Cinco años y medio de cárcel para un hombre por pornografía infantil y abuso sexual a una menor
El TSJ de Castilla y León ratifica la condena de la Audiencia de Valladolid a este individuo que logró que ella le mandase fotos de sus partes íntimas y vídeos con actos o imágenes de naturaleza sexual
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha ratificado la condena a cinco años y medio de prisión a un hombre que estableció la Audiencia Provincia de Valladolid por pornografía infantil y abuso sexual, en concurso de normas, cometidos contra una menor de 16 años.
La resolución judicial ahora confirmada estableció además inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por un tiempo de ocho años y seis meses, han informado este martes fuentes del TSJCyL.
La Audiencia consideró hechos probados que la menor utilizó una aplicación que permitía la retransmisión en directo y a través de streaming de vídeos realizados por lo usuarios desde sus móviles para retransmitir un vídeo en el que aparecía desnuda por propia iniciativa.
El vídeo fue visualizado por el acusado, quien contactó con la joven el 27 de septiembre de 2018 a través de su teléfono móvil y la aplicación de whatsapp.
Además, siendo consciente de que ella tenía menos de 16 años, decidió pagarla para que hiciera y le enviase videos con contenido explícitamente sexual y de esta manera consiguió que ella le mandase fotografías de sus partes íntimas y vídeos con actos o imágenes de naturaleza sexual, al menos hasta febrero de 2019.
El acusado efectuaba el pago a la menor a través de códigos de pago de distintas plataformas, haciéndolo hasta en seis ocasiones, bien mediante recargas de cuenta, bien mediante tarjetas de pago
El procesado mantenía también con la menor conversaciones de contenido sexual en el curso de las cuales le enviaba fotos que decía que pertenecían a una parte de su cuerpo.
En mayo de 2019, los agentes practicaron la entrada y registro en la vivienda del procesado, donde intervinieron el teléfono móvil en el que tenía instaladas las aplicaciones que usaba para capturar y conservar los vídeos, además de dos tarjetas de memoria y tarjetas de pago.
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