Un año sin impuesto de donaciones: más competitividad fiscal y recaudación

La bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en Castilla y León fue una de las medidas estrella del Gobierno de Fernández Mañueco en la pasada legislatura, aunque tardó en llegar en aras al consenso con el resto de fuerzas para sacar adelante el plan frente a la covid.

Si bien, la moción de censura presentada por el PSOE en marzo de 2021 para intentar desbancar a Mañueco rompió todos los puentes tendidos y consensos que había entre PP y PSOE, lo que provocó que automáticamente el Gobierno de coalición de PP y Cs agilizaran la supresión de este impuesto que el PSOE nunca ha querido eliminar.

Un año después desde que se pusiera en marcha esta medida fiscal, las sensaciones son más que positivas teniendo en cuenta las personas que se han beneficiado de ello y el ahorro que ha supuesto para sus bolsillos.

Así, en este primer ejercicio se han beneficiado casi 20.000 familias castellanas y leonesas, la mayoría de rentas medias y bajas, en concreto 19.856, que se han ahorrado más de 153 millones de euros que se han quedado en su bolsillos, según datos facilitados por la Consejería de Economía y Hacienda.

De hecho, a lo largo de estos doce meses, más de siete de cada diez autoliquidaciones presentadas corresponden a donaciones por un importe inferior a 50.000 euros y más del 90 por ciento a donaciones de menos de 100.000 euros.

Además, la supresión de este impuesto en mayo de 2021, que ha permitido reducir al 99 por ciento el coste fiscal de las adquisiciones de bienes y derechos por herencia o donación entre familiares directos, cónyuge, descendientes y ascendientes, ha supuesto un beneficio medio en donaciones de 7.725 euros para los contribuyentes castellanos y leoneses.

Igualmente, cabe señalar que el beneficio medio de la bonificación en donaciones a lo largo del último año ha sido de 7.725 euros y un tercio de las donaciones de la Comunidad se ha realizado a personas que viven en el mundo rural.

“La eliminación de este impuesto ha contribuido al crecimiento económico y a la mejora del bienestar de los ciudadanos de la Comunidad, al eliminar la traba que el pago del impuesto pudiera suponer a la transmisión de los bienes entre familiares directos”, destaca el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, quien pone como ejemplo a un padre que donó fincas rústicas por 98.000 euros a su hijo en Soria, que las incorporó a su explotación, y que pagó 96 euros en lugar de 9.646.

Fernández Carriedo, además, asegura que esta medida ha ayudado también al necesario relevo intergeneracional de empresas y negocios, así como al emprendimiento, y destaca que Castilla y León ha logrado con esta medida también escalar hasta siete puestos en España en el índice de competitividad fiscal al situarse en cuarta posición solo por detrás de Madrid, País Vasco y Canarias.

Asimismo, aseguran desde la Junta que se ha conseguido estimular la la demanda interna al generar una mayor disponibilidad de rentas a los castellanos y leoneses, además de incentivar la actividad económica y la inversión, incrementando el consumo por el aumento de la renta disponible, y favorecer la creación de empleo.

Finalmente, cabe señalar que la recaudación tributaria por los impuestos que gestiona la Comunidad ascendió en 2021 a 817,54 millones de euros, lo que supone un 32,6 por ciento más que en 2020 y un 24,3 por ciento más que el importe presupuestado.

Esta es la mayor cifra registrada en Castilla y León en los últimos 14 años, ya que en 2007 se alcanzó el récord con 1.047 millones de euros de recaudación.

En este sentido, desde la Junta destacan que la bonificación del 99 por ciento en este impuesto de donaciones y sucesiones -especialmente en lo que respecta a las donaciones- ha tenido un efecto directo en el alza en la recaudación del Impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas y actos jurídicos documentados. Concretamente, en Transmisiones patrimoniales onerosas se ha producido a lo largo de 2021 un incremento en la recaudación del 36,68 por ciento respecto al año anterior, mientras que en Actos jurídicos documentados el aumento ha sido de un 35,02 por ciento respecto a 2020.

“Este beneficio fiscal supone un ahorro fiscal que genera liquidez en los donatarios, lo que permite incentivar el consumo y la inversión entre los castellanos y leoneses”, apuntan en el Gobierno regional.