El Consejo Consultivo utilizará a los profesionales sanitarios de la ULE para “ayudar a dictaminar expedientes”

El Concejo Consultivo de Castilla y León y la Universidad de León (ULE) firmaron un acuerdo específico que permitirá a la institución utilizar a los profesionales sanitarios de la ULE para que sirvan de ayuda a la hora de dictaminar los expedientes de casos complejos, informa Ical.

Para ello, se utilizará un concurso de profesionales sanitarios que serán los encargados de elaborar informes de especialización cuando al Consejo tenga “dudas” ante el previsible “aluvión de reclamaciones en materia sanitaria”, la mayoría de ellas relacionadas con responsabilidades, tal y como aseguró el presidente del Consejo Consultivo, Agustín Sánchez de Vega.

Este acuerdo específico se engloba en el convenio marco firmado hoy por Sánchez de Vega junto con el rector de la ULE, Juan Francisco García Marín, para “propiciar un amplio y continuado cauce de colaboración en el camino hacia el conocimiento”.

Con el propósito del Consejo Consultivo de “fortalecer vínculos con las instituciones académica” y crear una “alianza de instituciones para el intercambio de conocimiento”, el convenio marco hoy suscrito permitirá la realización de actividades conjuntas de todo tipo, como prácticas de alumnos, jornadas, cursos de especialización o el desarrollo de proyectos de investigación.

En este sentido, García Marín que resaltó que hasta la fecha de firma de este convenio “ya se venían realizando colaboraciones” entre ambas instituciones, matizó que ahora “se incorporan nuevas actividades” y que se centrarán, “sobre todo”, en los estudiantes de la Facultad de Derecho.

Además de para la firma de este convenio marco y el citado acuerdo específico, el presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León visitó hoy la Universidad de León para celebrar una reunión de la propia institución y otra del Tribunal Administrativo de Contratación Pública.

Agustín Sánchez de Vega aprovechó su visita a las instituciones académicas para poner en valor la “importancia” del Consejo Consultivo para “el funcionamiento de las administraciones públicas”, al tratarse de un “órgano superior que ofrece la función consultiva” con la misión de “velar por la correcta aplicación del ordenamiento jurídico en las relaciones de las administraciones con los ciudadanos”.

“Somos garantía y protección de los derechos de los ciudadanos y servimos como una especie de justicia gratuita próxima y cercana al ciudadano cuando reclama contra las administraciones por un supuesto mal funcionamiento de los servicios públicos”, detalló Sánchez de Vega.

De igual manera, el presidente incidió en la tarea de “control jurídico sobre la calidad normativa”, para lo que explicó que el Consejo Consultivo “controla la regularidad del procedimiento de elaboración y también la calidad material y formar de las mismas”. A ello añadió la “competencia añadida” del Tribunal Administrativo de Contratación Pública que “opera a modo instancia judicial en materia contratación pública”, lo que permite “acortar los plazos”.